Maestros agremiados a las Sección 8 del SNTE, presentaron más de 900 amparos por su derecho al cambio de adscripción al cumplir un año de servicio en el centro laboral.
Los agremiados encabezados por la maestra Rosa María Hernández Madero, Secretaria General se apostaron en la entrada de los juzgados federales para exigir el respeto a sus derechos laborales.
Los amparos van contra el artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros cuyo primer acto de aplicación es la Convocatoria de Cambios de Adscripción en Educación Básica para el ciclo 2020-2021, ya que para ello deben haber cumplido dos años en el centro laboral.
Además en sus argumentos solicitan que se tome en cuanta la geografía de Chihuahua, donde un docente debe recorrer cientos de kilómetros y viajar por mas de 28 horas para llegar a sus centro laboral.
El presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo, ex líder sindical de la organización hermana Sección 42, informó que es legítima y apoya dicha manifestación, puesto que la determinación de obligar a los docentes a permanecer dos años mínimamente en su centro de trabajo, antes de tener derecho a un cambio de adscripción, es excesiva y lesiona los derechos de los trabajadores de la educación, pues históricamente el requisito ha sido de un año, lo que ha permitido la movilidad requerida por el magisterio.
Calificó como acertada la determinación de presentar más de mil amparos ante los juzgados federales por parte de los docentes que se verían afectados con dicha determinación.
Asimismo, Frías Bencomo, señaló que hace dos semanas, en su calidad de diputado presentó iniciativa ente el congreso local demandando a la Secretaría de Educación Pública, a través de la USICAMM, órgano encargado de regular los cambios de adscripción para que hiciera las adecuaciones necesaria pues no se justifica la espera de dos años para tener derecho a un cambio, así como a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua para que realizara las gestiones correspondientes y evitar tal situación que afecta laboral, salarial y familiarmente a los maestros y sus familias.
Finalmente, reiteró su exigencia a las autoridades educativas para que se pongan del lado de los derechos de los trabajadores de la educación.
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