La normatividad será una herramienta para comunidades originales, las que podrán decidir sobre la infraestructura y otros temas que las impacten, explicó el diputado federal Ulises García Soto, quien además es integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Destacó que la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se convertirá en una herramienta efectiva en las manos de los indígenas, que les servirá para defenderse de los embates del capitalismo, quien continúa despojándolos de su territorio.
Este evento se realizó en Guachochi, donde el legislador explicó que una de las virtudes de esta iniciativa es que los resultados de las consultas que se hagan serán vinculantes, si las comunidades dicen que no a algún plan oficial o particular, no será realizado.
Además de que no sólo se consultarán temas administrativos o legislativos, sino también proyectos de infraestructura, tales como instalaciones mineras, alguna presa o incluso aeropuertos.
“Ni siquiera nos hemos tomado la molestia de preguntarles, es por eso que el día de hoy estamos aquí, para pedir permiso de preguntarles qué mundo quieren construir para ellos mismos sin las ideas preconcebidas por el hombre blanco”, expresó el legislador.
Agradeció a los asistentes al foro, mismos que atendieron el llamado de la democracia para participar en uno de los temas más trascendentales de la presente legislatura: la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Al foro se conto con indígenas de las comunidades rarámuri, wajiró, pima y tepehuano de Chihuahua, así como la población indígena migrante, sobre todo la que se establece en Ciudad Juárez, donde está una concentración importante; se convocó a los pueblos kikapus y mascogos del estado de Coahuila.
Se contó con la presencia de WL´lú Siliame, gobernador de la comunidad Guachochi; Roberto Arturo Medina Aguirre, Presidente Municipal de Balleza; Hugo Aguirre García, Presidente Municipal de Guachochi; Nicolás Víctor Martínez Juárez; la representante de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Alma Verónica Chacón Márquez; el consejero del Instituto Estatal Electoral, Gerardo Macías; así como la representante de ese mismo organismo, Georgina Gaona Pando.