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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y órganos de transparencia estatales impusieron tres mil 843 sanciones por incumplir con las obligaciones de transparencia en 2022, lo que representó un incremento de 102 por ciento en relación con 2020, informó el Inegi.
De acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal 2023 del Inegi, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fueron las más sancionadas, seguidas del Poder Ejecutivo federal.
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Las sanciones interpuestas por el Inai fueron: mil 552 amonestaciones públicas, 465 multas y mil 826 medidas de apremio, que puede ser la publicación en la página web del sujeto obligado infractor con un mensaje que diga que incumple con la ley de transparencia.
Otros sectores sancionados fueron: Instituciones de educación superior públicas autónomas con 16 medidas de apremio, luego autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral con seis, fideicomisos y fondos con seis sanciones por parte del Inai, Fiscalía general con cinco, Poder Judicial con cuatro, mientras que empresas productivas del Estado, apenas registraron una sanción por incumplir determinaciones de transparencia.
El Inai lleva más de dos años operando sin dos comisionados y es la instancia encargada de proponer sanciones, exigir que se transparente la información pública, evitar que se viole la constitución con leyes que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la mayor parte de su gobierno al Instituto Nacional de Transparencia por considerarlo parte de una “cúpula del conservadurismo” por defender los derechos individuales de las personas.
Tal fue el caso en febrero de 2024 en donde se abrió una investigación en contra del mandatario federal por exhibir en la conferencia mañanera los datos personales de una periodista del diario norteamericano The New York Times, quien investigaba supuestos vínculos del crimen organizado con aliados del Presidente.
“La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”, se lee en el comunicado del Inai publicado el 22 de febrero del 2024 con relación a la información que divulgó López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
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