Luego de estar más de un año con el sueldo suspendido y sin seguro médico el exmagistrado Jorge Ramírez Alvídrez, el Tribunal Superior de Justicia le restituyó sus prestaciones tras la instrucción del Juzgado Octavo de Distrito, quien ordenó regresarle el sueldo por un año y sus prestaciones como servidor público de ese organismo de justicia.
El alcance de la resolución del juzgado implica que a partir del 6 de mayo el magistrado volverá a recibir su sueldo ordinario y continuará trabajando desde su hogar, donde se encuentra en resguardo domiciliario por una investigación que le sigue la Fiscalía General del Estado.
Así lo dio a conocer el abogado de Jorge Ramírez Alvídrez, Reydesel Sáenz Terán, quien comentó que lo que consta del Tribunal Superior de Justicia se ha dado cabal cumplimiento al ordenamiento del Juzgado Octavo, que es de restituir sus derechos laborales como magistrado e incluso su nombramiento como servidor público.
Añadió que en el caso del procedimiento de desafuero que le inició el Congreso del Estado sigue pendiente de que esta autoridad acate la instrucción de un Tribunal Colegiado, que ordenó restablecerle el fuero, lo cual no ha sido acatado por el organismo judicial, que votó a favor de retirarle el fuero al magistrado.
Destacó que lo único que falta en el proceso para regresar en funciones es la autorización del Congreso del Estado, que no ha dado cumplimiento a la suspensión que también obtuvieron a través de un amparo, por lo que siguen en proceso para que vuelva a su cargo de una forma oficial y formal.
“Ya dieron cumplimiento a una de las suspensiones por parte del tribunal, a una de la suspensión que ordenó que le paguen completo, que le restablezcan el servicio médico, le reconocen el carácter de magistrado, pero el Congreso no da cumplimiento a la suspensión”, indicó el abogado de Jorge Ramírez.
Comentó que hasta el momento siguen a la espera de que el Congreso del Estado acate otra instrucción en contra del desafuero que le impusieron hace más de un año, pero no han emitido comentario al respecto, por lo deberán continuar con el proceso jurídico para buscar la restitución formal.
En días pasados el tribunal tuvo que haber bonificado los más de 12 meses que se mantuvo Jorge Ramírez sin sueldo, esto luego de que la Fiscalía General del Estado le iniciara una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, tras no poder comprobar el ingreso de más de 10 millones de pesos.
Tras el desafuero de su cargo como magistrado, el tribunal suspendió toda prestación laboral, desde el pago de sueldo así como el seguro médico para toda su familia, además de que la UIF le congeló sus cuentas por varios meses, luego de la solicitud que emitió el Gobierno del Estado en contra del mismo.
El pasado lunes el juez Octavo de Distrito resolvió que Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, debe ser restituido en un periodo máximo de 24 horas, por defecto en el cumplimiento en la suspensión definitiva que había instruido un tribunal colegiado, por lo que de no ser nombrado nuevamente Magistrado de la Segunda Sala, el Tribunal Superior de Justicia podría caer en un “desacato” de orden federal.
De acuerdo al juicio de amparo 1319/2020, se informó que fue parcialmente fundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada a favor de Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, con respecto al acto atribuido a las autoridades denunciadas, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.
Por esto “se ordena a las autoridades responsables Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, Presidencia del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, y Dirección General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, todas con residencia en esta ciudad, para que por su conducto, de manera inmediata emitan las indicaciones correspondientes, para que en el término de veinticuatro horas, cumplan con la suspensión que se le otorgó al accionante y, de manera inmediata, efectúen las gestiones para que se realice el pago al quejoso del salario respectivo que se le ha omitido entregar como Magistrado del Poder Judicial del Estado, y se continúe pagándole sus haberes”.