/ martes 19 de marzo de 2024

Alertan inconsistencias en registros de personas desaparecidas en México

La organización Data Cívica acusa que los censos de personas desaparecidas realizados por el gobierno de México carecen de metodologías claras

El Gobierno de México presenta serias inconsistencias en el registro de personas desaparecidas en el país: desaparecen nombres y folios, utilizan conceptos fuera de la ley, presentan metodologías cambiantes, presumen resultados no verificados, hay errores en la información, falta de datos suficientes para localizar, opacidad en los registros, y hasta revictimización.

Así lo expuso la organización Data Cívica, que presentó este martes 19 de marzo la plataforma “Volver a Desaparecer”, que recopila los datos de cinco registros oficiales diferentes que han surgido desde 2012 hasta el más reciente, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2023 y actualizado apenas este 18 de marzo.

Dicha iniciativa surge a partir de la necesidad de nombrar a cada persona desaparecida alguna vez registrada por el Estado, y que en algún momento dejaron de aparecer en registros o actualizaciones gubernamentales sin explicación alguna, declaró la representante de Data Cívica, Mónica Meltis.

Dentro de los hallazgos realizados por la organización se encontró la falta de claridad y congruencia en los propios registros oficiales: mientras el gobierno expone 12 mil 344 folios únicos de búsqueda (FUB) de personas localizadas en la página oficial de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presumió apenas el pasado 18 de marzo la cifra de 15 mil 158 personas localizadas.

Por su parte, Data Cívica, bajo el ejercicio del cruce de información de todos los registros disponibles, expone que la cifra de personas potencialmente localizadas es de solo 10 mil 953.

Además de las discrepancias y el vacío de información en los propios portales gubernamentales, el problema de estas cifras es la falta de certeza en la localización de las personas: si bien salieron de los listados en las recientes actualizaciones, esto no es una garantía de su localización.

Ejemplo de ello es el caso de Irma Virginia Irgen, representante de la organización de familiares de personas desaparecidas Uniendo Cristales A.C., quien contó que su padre que desapareció de los registros desde 2017, a pesar de no haber sido localizado a la fecha, contó su hija durante el evento de presentación de la plataforma.

Junto a Meltis y Orgen estuvieron presentes César Contreras, del Centro Prodh; Humberto Guerrero, de Fundar; y Alicia Franco, de Data Cívica.

Estos representantes de la sociedad civil hicieron hincapié en que “el Estado está incapacitado de cumplir con el Protocolo de Búsqueda”, y prueba de ello es la confusión que presentan en sus cifras.

Para Guerrero, de Fundar, dichas incongruencias en las cifras son algo deliberado por parte del gobierno actual con el fin de generar confusión entre la sociedad y la lucha de personas buscadoras; además de buscar matizar la magnitud del problema con estadísticas no verificadas.

Irma Orgen coincidió con esta hipótesis y sumó su molestia ante la situación que se vive. “No tenemos certeza: no la teníamos y ahora menos. Falta voluntad política”, apuntó durante su intervención.

Además, se acusó al gobierno de dejar de lado la naturaleza de la búsqueda de personas, y en cambio, comenzar a utilizar esta crisis con fines político-electorales.

El Gobierno de México presenta serias inconsistencias en el registro de personas desaparecidas en el país: desaparecen nombres y folios, utilizan conceptos fuera de la ley, presentan metodologías cambiantes, presumen resultados no verificados, hay errores en la información, falta de datos suficientes para localizar, opacidad en los registros, y hasta revictimización.

Así lo expuso la organización Data Cívica, que presentó este martes 19 de marzo la plataforma “Volver a Desaparecer”, que recopila los datos de cinco registros oficiales diferentes que han surgido desde 2012 hasta el más reciente, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2023 y actualizado apenas este 18 de marzo.

Dicha iniciativa surge a partir de la necesidad de nombrar a cada persona desaparecida alguna vez registrada por el Estado, y que en algún momento dejaron de aparecer en registros o actualizaciones gubernamentales sin explicación alguna, declaró la representante de Data Cívica, Mónica Meltis.

Dentro de los hallazgos realizados por la organización se encontró la falta de claridad y congruencia en los propios registros oficiales: mientras el gobierno expone 12 mil 344 folios únicos de búsqueda (FUB) de personas localizadas en la página oficial de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presumió apenas el pasado 18 de marzo la cifra de 15 mil 158 personas localizadas.

Por su parte, Data Cívica, bajo el ejercicio del cruce de información de todos los registros disponibles, expone que la cifra de personas potencialmente localizadas es de solo 10 mil 953.

Además de las discrepancias y el vacío de información en los propios portales gubernamentales, el problema de estas cifras es la falta de certeza en la localización de las personas: si bien salieron de los listados en las recientes actualizaciones, esto no es una garantía de su localización.

Ejemplo de ello es el caso de Irma Virginia Irgen, representante de la organización de familiares de personas desaparecidas Uniendo Cristales A.C., quien contó que su padre que desapareció de los registros desde 2017, a pesar de no haber sido localizado a la fecha, contó su hija durante el evento de presentación de la plataforma.

Junto a Meltis y Orgen estuvieron presentes César Contreras, del Centro Prodh; Humberto Guerrero, de Fundar; y Alicia Franco, de Data Cívica.

Estos representantes de la sociedad civil hicieron hincapié en que “el Estado está incapacitado de cumplir con el Protocolo de Búsqueda”, y prueba de ello es la confusión que presentan en sus cifras.

Para Guerrero, de Fundar, dichas incongruencias en las cifras son algo deliberado por parte del gobierno actual con el fin de generar confusión entre la sociedad y la lucha de personas buscadoras; además de buscar matizar la magnitud del problema con estadísticas no verificadas.

Irma Orgen coincidió con esta hipótesis y sumó su molestia ante la situación que se vive. “No tenemos certeza: no la teníamos y ahora menos. Falta voluntad política”, apuntó durante su intervención.

Además, se acusó al gobierno de dejar de lado la naturaleza de la búsqueda de personas, y en cambio, comenzar a utilizar esta crisis con fines político-electorales.

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