La policía ministerial de Quintana Roo sigue utilizadoprácticas de tortura para lograr el“esclarecimiento” de delitos a través de la“confesión”, informó la Comisión delos Derechos Humanos del Estado, por lo que emitiórecomendaciones a la Fiscalía del Estado.
La CDHEQROO informó este día que mediante el trabajode investigación de la Segunda Visitaduría General, sepudieron confirmar dos casos de tortura por parte de elementosjudiciales (actualmente de la Fiscalía General del Estado),motivo por el cual se emitieron recientemente dosrecomendaciones.
Uno de estos casos se vincula con la queja VG/BJ/122/03/2015 queresultó en la recomendación CDHEQROO/09/2017/II. En estaqueja el agraviado manifestó haber sido detenido por agentesde la Policía Judicial del Estado, Zona Norte, y que durantesu estancia en los separos, fue torturado por agentes de dichacorporación, para que aceptara su culpabilidad por el delitoque se le responsabilizaba. Posteriormente, se le trasladó alCERESO de Cancún.
Por otra parte la recomendación CDHEQROO/10/2017/II sedesprende de los expedientes VG/BJ/640/12/2015 y su acumulado enrazón que una persona de sexo masculino fue detenida poragentes de la Policía Judicial del Estado, sin embargo duranteel trayecto y el arribo a las instalaciones de la PolicíaJudicial, fue objeto de golpes y agresiones verbales.
Durante el tiempo que permaneció en los separos los agentesaplicaron técnicas de tortura a efectos de aceptar suresponsabilidad. Adicionalmente los agentes le pidieron llegar a unarreglo, a cambio de que no lo pusieran a disposición por losdelitos de los que se le inculpaba, a lo cual la víctima senegó.
Ambas recomendaciones fueron resueltas de manera similar, por loque por cada caso se pidió al titular de la FiscalíaGeneral del Estado brindar atención médica,psicológica y/o psiquiátrica, medicamentos que en su casorequieran hasta su recuperación total; procederá lareparación material de los daños ocasionados a cada unade las víctimas e inscribirlos en el Registro de Víctimasdel Estado; iniciar los procedimientos administrativos en contra delos agentes señalados como responsables de estas violaciones aderechos humanos; emitir la determinación correspondiente delas averiguaciones previas de cada caso por los delitos de tortura;ofrecer una disculpa pública; impartir capacitación yformación en derechos humanos al personal de la fiscalía,especialmente a los agentes de la Policía Ministerial, entreotros.
El ombudsman local, Harley Sosa Guillén manifestó quela tortura es un delito y está proscrito en todo el mundo,dado que una autoridad no puede conducirse mediante estos actospara la investigación y persecución de los delitos; porel contrario se debe de allegar de herramientas científicaspara la comprobación de los mismos, así como trabajospericiales y testimoniales que den certeza legal. Asimismocomentó que al igual que todas las recomendaciones que emiteel organismo, se le dará seguimiento para el cumplimiento delos mismos.
