Para quien estuvo atento al segundo debate presidencial, debate, más allá de los formatos y participaciones de cada candidato, no debieron haber pasado desapercibidas un par de menciones a nuestro estado. Y no, en este caso no fueron un ejemplo que fuera útil a la Sra. X para ejemplificar las buenas acciones del PAN, uno de los partidos que finalmente aceptó que la abanderan, sino que fueron señalamientos al mal actuar de los gobiernos de dicho partido.
En concreto, el candidato Jorge Álvarez Máynez, señala además de que, Chihuahua se queda atrás en generación de empleos, quizá más grave es que nuestro estado, junto con Guanajuato -otro estado gobernado por el PAN- está perdiendo oportunidades ante el fenómeno de nearshoring por un serio problema de corrupción.
Haciendo un paréntesis, el nearshoring más allá de un término en boga, es un fenómeno que, consiste en mudar las fábricas de su lugar de origen a países con condiciones más convenientes y atractivas como México, relocalizando a su vez grandes inversiones, lo que sin duda amplía las oportunidades e incrementa el desarrollo económico de las nuevas sedes industriales.
Sin embargo, Chihuahua está perdiendo oportunidades por destacar en cuanto a condiciones de… corrupción. Ante este señalamiento que se hizo a nivel nacional en uno de los espacios con mayor foco, se le cuestionó a la gobernadora del estado su pensar, esperando alguna aclaración que salvara el nombre no solo del estado, sino de su administración. Sin embargo, muy a su estilo minimizador se limitó a expresar un “Ay por favor…” concluyendo que “no merece ninguna opinión”.
Sin embargo, aquí sí nos interesa fomentar la opinión, y sobre todo que esta se haga a partir de información, ya que no solo el candidato Máynez, sino la Encuesta nacional sobre calidad e impacto gubernamental (ENCIG por sus siglas) coloca a Chihuahua en PRIMER lugar nacional en número de personas que se consideran víctimas de corrupción en algún trámite gubernamental. No lo digo yo, lo dice el INEGI. Y por si esto no fuera suficiente, esta tasa superó en 57 por ciento a la media nacional.
Estas cifras, tal como el señalamiento de Máynez, han querido minimizarse y señalar incluso que esto ha sido incluyendo trámites realizados ante las autoridades federales que operan en Chihuahua… solo que, malas noticias: en Chihuahua se presentó un incremento de 111 por ciento en reportes de corrupción respecto a 2021 -justo el año en el que inicia la nueva administración-.
Sobra quizá recordar que, para 2021 el sexenio del presidente López Obrador ya iba bastante avanzado como para culparlo, caso contrario a la gobernadora, que en su mandato ha colocado al estado en el ojo del huracán por malas prácticas en el ejercicio de la administración pública.
Incluso esa defensa que quiere culpar al gobierno federal se cae cuando, inconvenientemente para las autoridades estatales, a nivel nacional, en ese mismo periodo, ocurrió lo contrario: hubo una tendencia de reducción de un promedio de 5 por ciento en cuanto a reportes de corrupción.
De igual manera, en esta nueva administración, los problemas incluso para la ciudadanía cumplidora se han incrementado, ya que, a la fecha y en comparación con 2021, 44% de usuarios presentó problemas a la hora de realizar pagos, solicitudes o algún tipo de diligencia atendida por los servidores públicos de Chihuahua, lo que representa un incremento de casi el doble respecto a 2021, cuando la cifra alcanzó un 27.4%
Finalmente, hemos de decir que, ya para 2023, un 84% de la población mayor de edad, percibió actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente en Chihuahua. No, no fue Máynez, ni el que escribe: saque la cuenta y somos miles de ciudadanos a quienes Maru nos merece más que un “Ay! por favor”, una gran explicación.
