Corría el año 2017 cuando el caso Pegasus estalló, detonando la exigencia de certidumbre sobre la legalidad de las acciones de vigilancia del Estado mexicano.
En aquel tiempo, los detonantes fueron un reportaje de The New York Times y, a la par, el ya conocido informe “Gobierno Espía”. Investigaciones en las trascendió el hecho de que el Gobierno de México había utilizado el software Pegasus para vigilar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
Como era de esperarse, el entonces presidente Enrique Peña Nieto recurrió a su acostumbrada estrategia de negarlo todo, asegurando que las acusaciones eran totalmente falsas.
Claro que, también como era de esperarse, el entonces dirigente de Morena y precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se indignó por el espionaje o intento de espionaje perpetrado por gobierno de Enrique Peña Nieto y luego, un año después, ya como presidente electo, fue que prometió poner fin al espionaje gubernamental con fines políticos.
El asunto es que, contrario a lo que López Obrador prometió -primero como presidente electo y luego como presidente en ejercicio-, el uso de Pegasus -y otras herramientas similares- para el espionaje gubernamental con fines políticos es una práctica habitual del gobierno de la “Cuatro Te”.
Tan es así que, hace poco menos de un año, otro reportaje de The New York Times reveló cómo México se convirtió en el usuario más prolífico de Pegasus y a pesar de que el presidente López Obrador prometió que en su gobierno dejarían de usarlo. Esto, a la par de que un nuevo informe titulado “Ejercito Espía” evidenció una serie de casos de espionaje ilegal perpetrados por la SEDENA de la 4T. Hecho que, por supuesto, negó -niega y negará- el presidente López Obrador.
Total que, derivado del escándalo sin precedentes respecto al uso ilegal de Pegasus contra la sociedad civil, el INAI solicitó -a principios del año pasado- a la SEDENA que transparentara toda la información sobre los contratos de adquisición de Pegasus y su uso. Requerimiento que, hasta la fecha, no ha sido atendido porque, según esto, no existe o se trata de información reservada por motivos de seguridad nacional.
Ha pasado pues un año desde que la SEDENA, al reservar o negar la existencia de la información solicitada por el INAI, rebasó -por mucho- los límites de la opacidad “tolerable” al incumplir -entre muchas otras cosas- con sus obligaciones constitucionales de transparencia.
Tan es así, que ahora el Pleno de la SCJN confirmó la resolución del INAI que ordena entregar, en versión pública, la información relativa al caso Pegasus, al determinar que no se acreditó la reserva por razones de seguridad nacional.
A modo de reflexión sumaria, finalizo citando lo dicho alguna vez por el educador, escritor y columnista estadounidense, Max Lerner: Hay algunos que se convierten en espías por dinero, o por vanidad y megalomanía, o por ambición, o por deseo de emociones fuertes. Pero el mal de nuestro tiempo son los que se convierten en espías por idealismo.
Corría el año 2017 cuando el caso Pegasus estalló, detonando la exigencia de certidumbre sobre la legalidad de las acciones de vigilancia del Estado mexicano.
En aquel tiempo, los detonantes fueron un reportaje de The New York Times y, a la par, el ya conocido informe “Gobierno Espía”. Investigaciones en las trascendió el hecho de que el Gobierno de México había utilizado el software Pegasus para vigilar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
Como era de esperarse, el entonces presidente Enrique Peña Nieto recurrió a su acostumbrada estrategia de negarlo todo, asegurando que las acusaciones eran totalmente falsas.
Claro que, también como era de esperarse, el entonces dirigente de Morena y precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se indignó por el espionaje o intento de espionaje perpetrado por gobierno de Enrique Peña Nieto y luego, un año después, ya como presidente electo, fue que prometió poner fin al espionaje gubernamental con fines políticos.
El asunto es que, contrario a lo que López Obrador prometió -primero como presidente electo y luego como presidente en ejercicio-, el uso de Pegasus -y otras herramientas similares- para el espionaje gubernamental con fines políticos es una práctica habitual del gobierno de la “Cuatro Te”.
Tan es así que, hace poco menos de un año, otro reportaje de The New York Times reveló cómo México se convirtió en el usuario más prolífico de Pegasus y a pesar de que el presidente López Obrador prometió que en su gobierno dejarían de usarlo. Esto, a la par de que un nuevo informe titulado “Ejercito Espía” evidenció una serie de casos de espionaje ilegal perpetrados por la SEDENA de la 4T. Hecho que, por supuesto, negó -niega y negará- el presidente López Obrador.
Total que, derivado del escándalo sin precedentes respecto al uso ilegal de Pegasus contra la sociedad civil, el INAI solicitó -a principios del año pasado- a la SEDENA que transparentara toda la información sobre los contratos de adquisición de Pegasus y su uso. Requerimiento que, hasta la fecha, no ha sido atendido porque, según esto, no existe o se trata de información reservada por motivos de seguridad nacional.
Ha pasado pues un año desde que la SEDENA, al reservar o negar la existencia de la información solicitada por el INAI, rebasó -por mucho- los límites de la opacidad “tolerable” al incumplir -entre muchas otras cosas- con sus obligaciones constitucionales de transparencia.
Tan es así, que ahora el Pleno de la SCJN confirmó la resolución del INAI que ordena entregar, en versión pública, la información relativa al caso Pegasus, al determinar que no se acreditó la reserva por razones de seguridad nacional.
A modo de reflexión sumaria, finalizo citando lo dicho alguna vez por el educador, escritor y columnista estadounidense, Max Lerner: Hay algunos que se convierten en espías por dinero, o por vanidad y megalomanía, o por ambición, o por deseo de emociones fuertes. Pero el mal de nuestro tiempo son los que se convierten en espías por idealismo.
