/ miércoles 17 de abril de 2024

Iniciativa para el fondo hídrico para Chihuahua

Durante mis dos periodos como diputado federal por el V Distrito de Chihuahua, que coincide geográficamente con el cauce del río Conchos, sus afluentes y el sistema de presas del mismo, presenté varias veces la iniciativa para que se contara con un Fondo Hídrico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se pagara al Gobierno del Estado de Chihuahua, con el propósito de contar con recursos suficientes que permitieran una gestión hídrica eficiente; modernización del riego agrícola, eficientar la operación de los Organismos Operadores del Agua (JCAS, JMAS y JRAS) Así como invertir en la sierra, nuestra fábrica del agua.

Este es el texto original de dicha iniciativa. Que sirva de ejemplo a los ahora nuevos “defensores hipócritas” del agua de los chihuahuenses, que en el 2020 fueron traidores a nuestra gente.

El Tratado Internacional de Aguas de 1944 fue suscrito por nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos para regular el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. De acuerdo con sus reglas, se definieron plazos exigibles para calcular el pago de adeudos. Así, México se queda con dos tercios de la corriente principal del río Bravo y cede el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de M3 anuales. Por su parte, Estados Unidos cede a México cada año 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, que pasan por la frontera hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

En este contexto, la mayor parte de agua para el pago de la deuda mexicana, la aporta el estado de Chihuahua con un promedio anual de 751 millones de m3 de aguas superficiales; provenientes de la cuenca del río Conchos, esto por contar con un sistema de presas más grandes, pero que desafortunadamente tienen un alto grado de sedimentos que merman su capacidad para almacenar, adicionalmente han disminuido las lluvias por el cambio climático y la deforestación en la Sierra Tarahumara, donde nacen el río Conchos y sus principales afluentes, pero sobre todo existe un crecimiento desmedido de la frontera agrícola y hay una falta de gobernanza en toda la cuenca ya citada. Todo ello ha provocado la disminución de la aportación de Chihuahua al Tratado a sólo 459 M3 anuales.

Hay la intención del Consejo de Cuenca de autorizar un Reglamento y un Modelo Matemático que pretende modificar el marco jurídico actual de la Ley de Aguas Nacionales y violarla, extrayendo ilegalmente aguas concesionadas de las presas de Chihuahua. Nos opondremos firmemente a ello.

Urge brindar una justa retribución en favor de las comunidades que entregan el agua, mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que contribuya a la generación de acciones que les permitan conservar y ampliar las posibilidades de utilización del propio recurso natural. Existe la cruel contradicción que muchas comunidades sobre todo indígenas ven pasar el vital líquido, sin contar con el acceso al agua potable, alcantarillado y saneamiento que ya es un derecho universal.



Durante mis dos periodos como diputado federal por el V Distrito de Chihuahua, que coincide geográficamente con el cauce del río Conchos, sus afluentes y el sistema de presas del mismo, presenté varias veces la iniciativa para que se contara con un Fondo Hídrico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se pagara al Gobierno del Estado de Chihuahua, con el propósito de contar con recursos suficientes que permitieran una gestión hídrica eficiente; modernización del riego agrícola, eficientar la operación de los Organismos Operadores del Agua (JCAS, JMAS y JRAS) Así como invertir en la sierra, nuestra fábrica del agua.

Este es el texto original de dicha iniciativa. Que sirva de ejemplo a los ahora nuevos “defensores hipócritas” del agua de los chihuahuenses, que en el 2020 fueron traidores a nuestra gente.

El Tratado Internacional de Aguas de 1944 fue suscrito por nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos para regular el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana. De acuerdo con sus reglas, se definieron plazos exigibles para calcular el pago de adeudos. Así, México se queda con dos tercios de la corriente principal del río Bravo y cede el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de M3 anuales. Por su parte, Estados Unidos cede a México cada año 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, que pasan por la frontera hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

En este contexto, la mayor parte de agua para el pago de la deuda mexicana, la aporta el estado de Chihuahua con un promedio anual de 751 millones de m3 de aguas superficiales; provenientes de la cuenca del río Conchos, esto por contar con un sistema de presas más grandes, pero que desafortunadamente tienen un alto grado de sedimentos que merman su capacidad para almacenar, adicionalmente han disminuido las lluvias por el cambio climático y la deforestación en la Sierra Tarahumara, donde nacen el río Conchos y sus principales afluentes, pero sobre todo existe un crecimiento desmedido de la frontera agrícola y hay una falta de gobernanza en toda la cuenca ya citada. Todo ello ha provocado la disminución de la aportación de Chihuahua al Tratado a sólo 459 M3 anuales.

Hay la intención del Consejo de Cuenca de autorizar un Reglamento y un Modelo Matemático que pretende modificar el marco jurídico actual de la Ley de Aguas Nacionales y violarla, extrayendo ilegalmente aguas concesionadas de las presas de Chihuahua. Nos opondremos firmemente a ello.

Urge brindar una justa retribución en favor de las comunidades que entregan el agua, mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que contribuya a la generación de acciones que les permitan conservar y ampliar las posibilidades de utilización del propio recurso natural. Existe la cruel contradicción que muchas comunidades sobre todo indígenas ven pasar el vital líquido, sin contar con el acceso al agua potable, alcantarillado y saneamiento que ya es un derecho universal.