En últimas fechas hemos observado el atropellamiento del grupo mayoritario de ambas cámaras en la aprobación de una reforma que conlleva la obsesión del Ejecutivo federal por concentrar los recursos financieros para destinarlos sin reglas, sin orden, sin plan. Esto es, sólo apropiarse de los activos financieros que forman parte del patrimonio de ciertos fideicomisos.
Con el argumento de falta de recursos para atender los efectos de la pandemia, se pretende en plena época electoral seguir dilapidando los magros ahorros y activos nacionales que les fueron heredados de administraciones pasadas, bajo el supuesto objetivo de “eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”.
Por medio de un chantaje institucional exponen que las disponibilidades de los fideicomisos serán reasignados para atender los efectos de la pandemia en temas de salud, economía y la bola rápida, en programas sociales del bienestar, que no es otra cosa que programas electorales y clientelares.
En la discusión del PEF para 2021, estamos ante la misma tónica que cuando se aprobó la reforma referida; existe una falta de transparencia y opacidad sobre los recursos que esperan recuperar con la extinción de estos 109 fideicomisos. Bueno 110, con la reciente modificación a la Ley General de Salud para sustraer el Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo del Seguro Popular, que representa arrebatarle 33 millones de pesos-tratamiento a pacientes en más de 65 enfermedades graves, incluidas por supuesto el cáncer. Si a esto le sumamos los 68 mil millones de pesos que según las estimaciones podrían representar los 109 fideicomisos y fondos públicos, de la primera reforma, estamos ante un escenario de enormes dimensiones.
Por ello, en la integración del PEF para 2021 que estamos discutiendo, debemos velar por que existan reglas claras de operación que aseguren que los recursos serán utilizados para los fines que tenían en los fideicomisos de origen y sobre todo para mitigar los daños económicos que pueda ocasionar la pandemia, pero no nos queda claro, ¿serán para atender la crisis del Covid-19 o para seguir financiando las obras, programas y visiones ideológicas de un presidente?
Así, en conclusión, en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, exigimos un análisis y un debate serio del informe de resultados sobre la eficiencia de los fideicomisos, para cumplir lo estipulado en el artículo octavo transitorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es corrupción ocultar información, distribuir dinero sin opinar al Poder Legislativo, por lo que no habrá justicia social si no utilizamos el dinero de todos los mexicanos en lo importante y en lo urgente. Que se precise hacia qué rubros se destinarán los recursos de los fideicomisos que desaparecen.
