La actual legislatura federal realizó su última sesión plenaria con la aprobación de tres leyes a la fast track.
Con la mayoría de Morena y sus aliados los seguidores de AMLO acataron sus órdenes y sin discusión previa impusieron las reformas al amparo, la amnistía presidencial y la confiscación de los fondos de las pensiones de las Afores sin uso de mayores de setenta años.
El derecho al amparo por parte de los particulares ante acciones oficiales que consideran injustas o ilegales ahora sólo será concedido a los demandantes y no tendrá una vigencia generalizada para otros afectados.
La razón principal para esta iniciativa presidencial se debe a los amparos en contra de algunas obras del actual régimen, sobre todo las del Tren Maya, en donde los ambientalistas consideran que se ha llevado a cabo un genocidio.
En el tramo cinco de dicha obra se han erosionado y contaminado los cenotes con los pilotes que se han introducido en ellos para el soporte de estructuras del mencionado tren.
Además los ecologistas señalan que en la construcción de este ferrocarril se han talado más de 10 millones de árboles.
Con esta nueva ley el amparo pierde la fuerza originaria que era la de proteger los derechos de todos los ciudadanos afectados por alguna arbitrariedad oficial.
En cuanto a la polémica amnistía presidencial se ha criticado que es una facultad que podría beneficiar a criminales sentenciados, por ejemplo a capos del narcotráfico, de acuerdo a la voluntad del mandatario en turno.
Asimismo también podría ser utilizada para indultar a corruptos que fueran familiares o amigos del presidente.
Los argumentos para establecer esta ley no fueron debidamente aclarados y menos debatidos por los legisladores.
La autorización para que el gobierno federal pueda disponer de los ahorros de quienes no hayan utilizado sus Afores y tengan setenta años de edad es con todo la más polémica.
La justificación es que se destinarían a un Fondo de Pensiones del Bienestar para los adultos mayores de setenta años.
Son 40 mil millones de pesos los que el gobierno planea confiscar de las Afores sin uso en lugar de promover que los afectados o sus familiares realicen los trámites necesarios para recuperar sus ahorros.
El alegato presidencial es que las financieras que manejan las Afores se benefician con los intereses que generan estas cuentas.
El riesgo es que después se pretenda extender esta medida al resto de las Afores y pensiones que permanezcan inactivas.
A todas luces es una acción confiscatoria de los ahorros de los trabajadores que no debería ser avalada por los legisladores.
Las referidas leyes a la fast track son una muestra de cómo el Poder Legislativo ha estado sometido al Ejecutivo como sucedía en el siglo pasado con la predominancia del presidencialismo.
Esta hegemonía presidencial y de partido duró hasta la reforma electoral de 1996 cuando se ciudadanizó el IFE, ahora INE.
Ello fue posible a la presión y movilización continua de la oposición, de la que por cierto formaba parte el actual presidente.
Las elecciones del 2 de junio son la oportunidad para que los mexicanos eviten regresar al presidencialismo autoritario que rigió la vida política del país y siga vigente la democracia, la cual con todo y sus fallas es siempre preferible a una dictadura.
