La presidenta de la Asociación de Salones de Eventos en Chihuahua, Beatriz Arzaga, prevé que la medida que prohíbe música que denigra a la mujer no los impactaría, bajo el entendido que solo sería para eventos masivos.
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La entrevistada declaró que desde hace tiempo los asociados a este organismo no reproducen narcocorridos en sus fiestas privadas, tanto por iniciativa propia, como por peticiones de ciertos clientes.
Arzaga refirió que los propietarios de salones de eventos estuvieron verificando el dictamen y, hasta donde tienen entendido, la sanción por contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que promueva la violencia contra las mujeres, serán en eventos masivos donde se requieran permisos municipales.
En este sentido, expuso que en caso de que llegue a aplicar en este tipo de establecimientos, al menos en el tema de narcocorridos, no tienen ningún problema en omitirlos; inclusive ya se venía haciendo.
Dicha iniciativa, la cual fue propuesta por el alcalde Marco Bonilla, consiste en reformar diversos artículos del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica y del Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos tendientes a prevenir la violencia de género y sancionar las conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres.
Luego de que fuera aprobada, se reformarán diversos artículos del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua, para infraccionar a quienes atentan contra la integridad o dignidad de las mujeres o de la familia, al interpretar y/o reproducir contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que promuevan la violencia contra ellas, y propicien su denigración, discriminación, marginación o exclusión, en los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, en los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización, según detalla el dictamen.
La regidora Patricia Ulate Bernal, quien preside la Comisión de Mujer, Familia e Igualdad de Género, presentó el dictamen destacando el contenido del artículo 2, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres, que establece claramente que los municipios deberán expedir normas legales y tomar medidas presupuestales y administrativas, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado Mexicano.