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Con la finalidad de denunciar y seguir visibilizando la problemática de las desapariciones en México, el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acudió a la reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La desaparición en México constituye una crisis sin precedentes a la que el Estado mexicano debe brindar una respuesta inmediata: en el país existen oficialmente más de 40 mil personas desaparecidas y la cifra continúa en aumento; existen miles de restos de personas sin identificar, y la impunidad es la regla. El drama de la desaparición es innegable: niños y niñas que crecen sin padres; la incertidumbre, el dolor, las pesadillas, los desvelos, ayunos y lágrimas; mujeres que se convierten, en su mayoría, las buscadoras de sus seres queridos y de justicia; las consecuencias económicas y patrimoniales, etcétera.
Los impactos directos de la desaparición fueron expuestos por varias familiares del país. Para el caso de Chihuahua, Paola Alvarado, hija de Nitza Paola Alvarado Espinoza, expuso ante Michelle Bachelet el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de su madre (Nitza Paola), Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, cometida el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua; así como por la violación de derechos humanos a sus familiares a partir de la desaparición y por la impunidad prevaleciente en el caso.
Paola habló de la tragedia nacional por la que hay miles de asesinatos, desapariciones, desplazamientos y cuerpos sin identificar, como consecuencia de la política de seguridad militarizada; de los riesgos de otorgar a las Fuerzas Armadas labores de investigación y seguridad, en el marco de la creación de la Guardia Nacional; de los peligros que viven los familiares de personas desaparecidas al exigir verdad y justicia; y del impacto de la desaparición para jóvenes que, como ella y sus hermanas, tuvieron que desplazarse de manera forzada y posteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos.
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El pasado 20 de diciembre de 2018, la Corte IDH notificó a las partes la sentencia en este caso, la primera emitida en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. En ésta se ponen en evidencia las graves violaciones a los derechos humanos que se suscitan cuando las Fuerzas Armadas implementen labores de seguridad. Por esta razón, la Corte IDH estableció que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación del Ejército debe ser: extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
La ciudad de Saltillo, Coahuila, fue la sede para la visita de la más alta representante de los derechos humanos, es un reconocimiento a las organizaciones y colectivos que luchan incansablemente por la justicia, la igualdad, la verdad y la paz. Por lo anterior, las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil asistentes al encuentro, entre las que se encuentran Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-Fundem); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl); Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México (Asimbudes); Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VIDA); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, Alas de Esperanza Allende, en Coahuila; Voz que clama justicia por personas desaparecidas; Buscando Desaparecidos en México (Búscame); el Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios” AC; el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, el Cedehm, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), solicitamos a Michelle Bachelet urgir a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en general y, especialmente, de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares.
Durante el evento también se entregó una carta a la alta comisionada suscrita por cientos de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, para denunciar la crisis de derechos humanos que se vive en México y solicitar que se mantenga el escrutinio internacional sobre el país. Adicionalmente, se reconoce el invaluable trabajo que realiza la Oficina en México de la alta comisionada en la asistencia técnica e interlocución con las instituciones, así como por ser una institución aliada para quienes defendemos los derechos humanos en el país.
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