/ sábado 20 de enero de 2018

Buscará Corral rápida extradición de César Duarte

Pedirá que aplique EU la Ley Global Magnitsky, usada para castigar a los corruptos

El gobernador Javier Corral Jurado pretende que el gobierno de Estados Unidos aplique la Ley Global Magnitsky al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y que a través de ésta, se acelere el procedimiento para su detención y extradición a México, para que enfrente al poder judicial tanto local como federal.

La legislación norteamericana fue aprobada en el 2016 y se derivó de la Ley Magnitsky, un acto legal que tuvo como principal objetivo castigar a ciudadanos rusos involucrados en la violación de los derechos humanos del jurista Serguéi Matnisky.

Bajo dicha ley, el gobierno de Estados Unidos sancionó a al menos 39 ciudadanos rusos que estuvieron involucrados con la detención, maltrato y muerte del letrado o bien, que hubieran encubierto los actos de violación de derechos humanos.

La legislación evolucionó para ampliar el espectro de castigo no sólo a ciudadanos rusos, sino que se estableció la responsabilidad a cualquier persona en cualquier parte del mundo que cometiera actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue en el 2016 que el congreso nacional de Estados Unidos aprobó la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (S.284), a través de la que se persigue a ciudadanos extranjeros que estén acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La ley establece sanciones financieras, así como restricciones en la visa, a los extranjeros que hayan cometidos los actos antes mencionados; y al estar acusado el exgobernador César Duarte Jáquez de corrupción, el actual mandatario Javier Corral busca que se le aplique dicha ley por parte del gobierno de Estados Unidos.

Asociaciones y organizaciones de Estados Unidos han solicitado la aplicación de la ley contra la policía mexicana, contra jefes policiacos de nuestro país y también a elementos de seguridad y espionaje chinos, así como diversos líderes políticos y sociales de oriente medio. México figura ya en las solicitudes para la aplicación de la ley por el asesinato y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

 

EL CONTENIDO

La legislación de la Ley Global Magnitsky es sencilla y básicamente señala que el presidente de Estados Unidos está autorizado para imponer la entrada a dicho país, así como sanciones económicas, contra cualquier extranjero o entidad que sea responsable de violaciones a derechos humanos o actos de corrupción.

Se especifica que el presidente -en este caso Donald Trump- podría imponer cualquier sanción económica y prohibir la entrada a Estados Unidos a quien sea responsable por homicidios extrajudiciales, tortura o cualquier violación de derechos humanos a personas que busquen exponer actividades ilegales cometidas por oficiales y autoridades; también contra quien haya actuado dentro de las actividades descritas anteriormente, ya sea por órdenes de superiores o directamente.

De igual forma se enlista entre quienes pueden obtener la aplicación de la ley a oficiales y autoridades gubernamentales que estén involucrados en ordenar o hayan cometido directamente actos de corrupción, incluidos la expropiación de recursos privados o públicos para su enriquecimiento personal; igualmente a las autoridades que sean responsables en actos de corrupción en casos de extracción de recursos naturales, sobornos y facilitar actos de corrupción a otras jurisdicciones.

El gobernador Javier Corral Jurado pretende que el gobierno de Estados Unidos aplique la Ley Global Magnitsky al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y que a través de ésta, se acelere el procedimiento para su detención y extradición a México, para que enfrente al poder judicial tanto local como federal.

La legislación norteamericana fue aprobada en el 2016 y se derivó de la Ley Magnitsky, un acto legal que tuvo como principal objetivo castigar a ciudadanos rusos involucrados en la violación de los derechos humanos del jurista Serguéi Matnisky.

Bajo dicha ley, el gobierno de Estados Unidos sancionó a al menos 39 ciudadanos rusos que estuvieron involucrados con la detención, maltrato y muerte del letrado o bien, que hubieran encubierto los actos de violación de derechos humanos.

La legislación evolucionó para ampliar el espectro de castigo no sólo a ciudadanos rusos, sino que se estableció la responsabilidad a cualquier persona en cualquier parte del mundo que cometiera actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Fue en el 2016 que el congreso nacional de Estados Unidos aprobó la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (S.284), a través de la que se persigue a ciudadanos extranjeros que estén acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La ley establece sanciones financieras, así como restricciones en la visa, a los extranjeros que hayan cometidos los actos antes mencionados; y al estar acusado el exgobernador César Duarte Jáquez de corrupción, el actual mandatario Javier Corral busca que se le aplique dicha ley por parte del gobierno de Estados Unidos.

Asociaciones y organizaciones de Estados Unidos han solicitado la aplicación de la ley contra la policía mexicana, contra jefes policiacos de nuestro país y también a elementos de seguridad y espionaje chinos, así como diversos líderes políticos y sociales de oriente medio. México figura ya en las solicitudes para la aplicación de la ley por el asesinato y desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

 

EL CONTENIDO

La legislación de la Ley Global Magnitsky es sencilla y básicamente señala que el presidente de Estados Unidos está autorizado para imponer la entrada a dicho país, así como sanciones económicas, contra cualquier extranjero o entidad que sea responsable de violaciones a derechos humanos o actos de corrupción.

Se especifica que el presidente -en este caso Donald Trump- podría imponer cualquier sanción económica y prohibir la entrada a Estados Unidos a quien sea responsable por homicidios extrajudiciales, tortura o cualquier violación de derechos humanos a personas que busquen exponer actividades ilegales cometidas por oficiales y autoridades; también contra quien haya actuado dentro de las actividades descritas anteriormente, ya sea por órdenes de superiores o directamente.

De igual forma se enlista entre quienes pueden obtener la aplicación de la ley a oficiales y autoridades gubernamentales que estén involucrados en ordenar o hayan cometido directamente actos de corrupción, incluidos la expropiación de recursos privados o públicos para su enriquecimiento personal; igualmente a las autoridades que sean responsables en actos de corrupción en casos de extracción de recursos naturales, sobornos y facilitar actos de corrupción a otras jurisdicciones.

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