“La contingencia ha puesto de manifiesto las debilidades de las instituciones públicas”, declaró Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) durante el informe anual de acciones, en donde se dio a conocer que se ejecutaron más de 800 quejas contra autoridades locales
Armendáriz detalló que el mayor desafío para el 2021, es hacer que los derechos, bienes y servicios que debe garantizar el Estado, incluida la atención médica, tratamientos, vacunas y suministros, estén al alcance de toda la población.
“La institución que represento no es contraparte de las autoridades o personas servidoras públicas, sino un ente que se erige como un contra peso, ajeno a los tiempos o interés políticos. Se busca fortalecer la labor del Estado como principal garante de los derechos humanos”, explicó.
Precisó que rendir el informe a comienzos de año es una inmejorable oportunidad para ver en retrospectiva la serie de acontecimientos que se afrontaron este año. En torno a la contingencia sanitaria, el presidente declaró que existen derechos y libertades que deben de respetarse.
“Toda acción implementada debe cumplir con los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y temporalidad. Asimismo, es necesario que las medidas restrictivas vayan acompañadas de acciones compensatorias para atenuar los devastadores efectos que se han visto en todo el proceso productivo, comercial y laboral, tanto informar como formal”, explicó.
Además, recalcó algunas personas servidoras públicas han incurrido en actos abusivos o ilegales en prejuicio de la población con el pretexto de velar por el cumplimiento de las medidas restrictivas. Circunstancias a las que la Comisión seguirá atenta.
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