En un importante paso hacia la modernización y la homogeneización de los procedimientos legales en México, se ha anunciado que abogados civiles y familiares podrán litigar en todo el país, gracias a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Este nuevo código, que entrará en vigor automáticamente en todo el territorio nacional a partir del primero de abril de 2027, adoptará un sistema procesal oral y digital.
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Mauricio Eduardo Ávila Villalobos, Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, destacó la utilidad de este nuevo código y señaló que como sociedad, litigantes y órganos jurisdiccionales, es esencial prepararse para esta realidad que pronto llegará.
En el caso específico de Chihuahua, Ávila Villalobos resaltó que el estado ya cuenta con la infraestructura necesaria y las herramientas tecnológicas para implementar estos cambios en los procesos judiciales. Además, el Congreso del Estado tiene tiempo para determinar la fecha exacta de entrada en vigencia de este nuevo código.
Una de las principales ventajas de esta homogeneización es que los abogados podrán tomar casos en cualquier entidad federativa, lo que facilitará la movilidad y el ejercicio de la abogacía en todo México.
El nuevo código, según el jurista, incluye importantes figuras y modificaciones, como simplificar el trámite de Declaración de Ausencia y cambiar la forma en que se lleva a cabo la Audiencia de Juicio. Además, detalla de manera específica los principios bajo los cuales deben regirse los procedimientos orales tanto en asuntos civiles como familiares.
En cuanto a los plazos, Ávila Villalobos enfatizó que se busca acortarlos, pero lo más importante es que los jueces están obligados a resolver los conflictos de manera definitiva y sin formalismos judiciales innecesarios, como lo establece el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también busca homologar la regulación adjetiva en todo el territorio nacional, prevenir ajustes de procedimientos para personas en situación de especial vulnerabilidad y promover la utilización de tecnologías de la información en los procesos judiciales, entre otros aspectos importantes.
