/ domingo 10 de marzo de 2024

Antes de ser encarceladas, fueron víctimas de violencia 5 de cada 10 mujeres presas en Chihuahua

El 60% delinquieron por presión o amenazas de sus parejas sentimentales, o en defensa propia

Cinco de cada diez mujeres que se encuentran en prisión en los Centros de Readaptación Social (Cereso) en Chihuahua, vivieron algún tipo de violencia antes de su encarcelamiento, y seis de cada diez, es decir el 60%, delinquieron por presión o amenazas de sus parejas sentimentales, o en defensa propia.

Lo anterior, de acuerdo con el Censo de Centros Penitenciarios del Estado de Chihuahua 2023 del INEGI y datos del Diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Las mujeres que actuaron en defensa propia, dijeron haber sido fueron víctimas de agresiones por sus parejas, pero también por sus padres, o hermanos.

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De igual manera, identificaron que han sido objeto de represalias por hablar en su círculo familiar o entorno social, sobre los abusos vividos desde la infancia, que no son tratados ni resueltos.

Esta característica puede colocar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, susceptibles a las adicciones y relacionarse en contextos de delincuencia.

El documento señala que las mujeres privadas de la libertad encuestadas, consideran que antes de su reclusión, vivían en entorno inseguro, o que muestra que la inseguridad, es parte de la violencia estructural de la que se desprenden actos delictivos que culminan con el encarcelamiento.

Población de mujeres en prisión

En el segundo semestre de 2023, se registró un total de 474 mujeres privadas de la libertad, de las cuales un 62% estaban ubicadas en el Centro de Readaptación Social Femenil en Juárez, y el 38% en el Aquiles Serdán.

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Los grupos de edad que registraron la mayor parte de mujeres presas, fue el de 18 a 29 años, con 41.1%, y de 30 a 39 años, con un 35.7%. En contraste, el grupo de 40 y 49 años, fue del 15.4% y el de 50 años o más, un 11.2%.

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El diagnóstico señala que la violencia estructural, está presente en los sistemas económicos y políticos en la vida cotidiana de población en general.

Este tipo de violencia, se ejerce mediante la desigualdad y discriminación que afectan a grupos o comunidades específicas por su género, por su por pertenecer a una etnia indígena, origen por su condición socioeconómica, y otras características que, hacen evidente la relación entre pobreza y violencia estructural.

Por lo anterior, este modo, la pobreza y la violencia estructural se encuentran estrechamente vinculadas, y en conjunto generan violencias directas y conductas delictivas. Esta combinación de factores produce un alto nivel de vulnerabilidad e inseguridad en diversos sectores de la comunidad.

Cinco de cada diez mujeres que se encuentran en prisión en los Centros de Readaptación Social (Cereso) en Chihuahua, vivieron algún tipo de violencia antes de su encarcelamiento, y seis de cada diez, es decir el 60%, delinquieron por presión o amenazas de sus parejas sentimentales, o en defensa propia.

Lo anterior, de acuerdo con el Censo de Centros Penitenciarios del Estado de Chihuahua 2023 del INEGI y datos del Diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Las mujeres que actuaron en defensa propia, dijeron haber sido fueron víctimas de agresiones por sus parejas, pero también por sus padres, o hermanos.

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De igual manera, identificaron que han sido objeto de represalias por hablar en su círculo familiar o entorno social, sobre los abusos vividos desde la infancia, que no son tratados ni resueltos.

Esta característica puede colocar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, susceptibles a las adicciones y relacionarse en contextos de delincuencia.

El documento señala que las mujeres privadas de la libertad encuestadas, consideran que antes de su reclusión, vivían en entorno inseguro, o que muestra que la inseguridad, es parte de la violencia estructural de la que se desprenden actos delictivos que culminan con el encarcelamiento.

Población de mujeres en prisión

En el segundo semestre de 2023, se registró un total de 474 mujeres privadas de la libertad, de las cuales un 62% estaban ubicadas en el Centro de Readaptación Social Femenil en Juárez, y el 38% en el Aquiles Serdán.

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Los grupos de edad que registraron la mayor parte de mujeres presas, fue el de 18 a 29 años, con 41.1%, y de 30 a 39 años, con un 35.7%. En contraste, el grupo de 40 y 49 años, fue del 15.4% y el de 50 años o más, un 11.2%.

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El diagnóstico señala que la violencia estructural, está presente en los sistemas económicos y políticos en la vida cotidiana de población en general.

Este tipo de violencia, se ejerce mediante la desigualdad y discriminación que afectan a grupos o comunidades específicas por su género, por su por pertenecer a una etnia indígena, origen por su condición socioeconómica, y otras características que, hacen evidente la relación entre pobreza y violencia estructural.

Por lo anterior, este modo, la pobreza y la violencia estructural se encuentran estrechamente vinculadas, y en conjunto generan violencias directas y conductas delictivas. Esta combinación de factores produce un alto nivel de vulnerabilidad e inseguridad en diversos sectores de la comunidad.

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