El abogado de los defraudados por la empresa Aras Investment Business Group, Mariano Cordero, informó que en estos días se presentará un recurso de revisión para que la Secretaría General de Gobierno anule el acto donde formalizaron el acta constitutiva de esta empresa, ya que su registro se hizo de forma ilegal.
"A pesar de que la Secretaría de Economía les aprobó el nombre de Aras Investment Business Group, sólo cuando cumplieran con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no se hizo, entonces desde el inicio estuvo mal su integración y por ello se debe anular su registro", comentó.
Sobre la presunta responsabilidad que tiene el notario número 3, el abogado Mariano Cordero, explicó que cuando él pide que le autorice la Secretaría de Economía sobre las instituciones de crédito generan un permiso sobre el nombre, y autorizan un nombre, pero en su caso autorizaron el nombre y les dice la autoridad al notario que condicionan el nombre, hasta que recabe el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que revise toda la empresa.
“Es el principal delito, porque hicieron lo que quisieron sin permiso, lo acaba de confirmar la CNBV, el notario tiene responsabilidad, el Estado como entidad federativa también, porque el Ejecutivo está a cargo de los notarios, por eso promovimos un recurso de revisión, para que vean la legalidad del acto, es inexistente, es nulidad relativa, a partir de ahí el delito se generó”, comentó.
El representante de varios presuntos defraudados comentó que la constitución que realizaron los notarios en Chihuahua forma parte de un inicio de cuando le dieron legalidad a la empresa Aras, que es el principio para que pudieran captar el dinero del ahorro público sin tener autorización como entidad financiera.
Comentó que entre las actividades que llevan a cabo con los afectados de la empresa está además del recurso de revisión una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, por no querer investigar a la empresa, así como un amparo contra la resolución de un juez federal que no quiso solicitar a la FGR que recibiera denuncias en contra de esta empresa.
Decenas de afectados y ofendidos acudieron para solicitar la intervención de la FGR, para que actúe conforme a Derecho y radique las denuncias correspondientes, integre las respectivas carpetas de investigación, asegure los bienes materia de los mencionados ilícitos, resguarde las herramientas, evidencias o indicios del delito y arraigue a las personas probablemente responsables, siga la ruta del dinero y se le exija la responsabilidad penal, civil, objetiva o material que corresponda por su omisión dolosa, infundada y sin motivación legal alguna.
De acuerdo a la denuncia presentada la empresa captó dinero del ahorro sin estar debidamente constituida para ello, ni para crear con esta figura pasivos, argumentando que dicha sociedad irregular no está comprendida en lo dispuesto por los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.
“La entidad jurídica de referencia no fue creada al margen del derecho, en principio porque el acta constitutiva que le da vida no reúne los requisitos de fondo y forma para su existencia, ello es así porque en razón de su objeto social y de la respuesta de la Secretaría de Economía que recibe el notario para autorizar el nombre de ‘ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP, S.A.P.I. DE C.V.’, en el sentido de que se autoriza dicho nombre y la constitución respectiva, siempre y cuando se obtenga la autorización correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, circunstancia de no sucede, pues nunca se solicitó dicho permiso o autorización para captar el ahorro público y funcionar como banca”, comentó.
