Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, los estados de Chihuahua y Chiapas presentaron amparos contra la regulación del delito de aborto.
Con la adhesión de estas entidades se fortalece la estrategia para eliminar de los códigos penales el delito de aborto autoprocurado y consentido. Ahora en Chihuahua y Chiapas se presentaron amparos para lograr que ninguna mujer y persona gestante sea criminalizada por abortar.
Lo anterior como parte de la estrategia contra la regulación del delito de aborto, informó la organización feminista GIRE, la implementación de la estrategia responde a la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Las primeras entidades en presentar amparos para la eliminación del delito de aborto de los códigos penales estatales fueron Aguascalientes y Puebla durante el mes de febrero, a la fecha dichas acciones legales se encuentran en proceso.
Ahora Marea Verde Chihuahua e Iniciativas Feministas de Chiapas decidieron sumarse a esta acción que busca eliminar el aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de sus estados.
Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales. Además de que se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
La SCJN determinó que las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.
La estrategia que se ha desplegado busca que se eliminen los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal, el patrón de criminalización, y el estigma que ésta genera en quienes abortan, además de la inhibición que provoca en el personal de salud.
Se informó que si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar. Dejará de ser el aborto un delito.