Ahí en la calle 12, entre la Victoria y Libertad, Mireya pasaba su jornada laboral. Ella era una mujer trans, activista defensora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, así como promotora de salud en VIH. Mireya fue brutalmente asesinada y su victimario fue dejado en libertad. En ese sitio exigieron la revisión del caso y la tipificación de los crímenes de odio. En los últimos años se han registrado 24 transfeminicidios en Chihuahua.
Los colectivos trans y de la diversidad sexual colocaron veladoras y la foto de Mireya Rodríguez Lemus, asesinada en 2020, donde al grito de “¡Justicia para Mireya!” realizaron un posicionamiento ante la liberación del único procesado por el homicidio de la activista trans.
La organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans se pronunció debido a que el Tribunal Superior de Chihuahua basó su decisión sin valorar las más de 70 pruebas que se presentaron para su análisis de manera responsable y con enfoque diferenciado.
Señalaron que tras dos años de proceso judicial, el pasado 8 de julio se dio la liberación del presunto responsable del asesinato de Mireya. La decisión la justificó con la existencia de algunos datos imprecisos.
Al reclamo se unieron otras organizaciones civiles como el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt, de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, así como el padre de Mireya, quienes anunciaron que recurrirán a los recursos judiciales correspondiente del fallo del TSJ debido al posible sesgo en el análisis del caso.
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Se presumía que este era el primer caso de una mujer trans víctima de homicidio que se investigaba con perspectiva de género, sin embargo dejó evidenciado que persisten prejuicios que afectan la resolución final.
“El mensaje que envía el Estado de Chihuahua, tras la decisión de liberar al presunto culpable, es que hay una total impunidad hacia quienes agreden y asesinan a las mujeres trans, pues no se les sanciona ni se les juzga con todo el rigor de la ley y con base en los más altos estándares de juzgamiento recomendados por organismos internacionales de derechos humanos”.
Señalaron que el TSJ de Chihuahua ni siquiera tomó en cuenta el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, expedido por la SCJN.
Denunciaron que la decisión del Tribunal deja desprotegidas y expuestas al riesgo de sufrir posibles represalias a las mujeres trans, compañeras de Mireya Rodríguez que testificaron en el proceso judicial.
Ante ello, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua garantizar la seguridad y la integridad personal de las mujeres trans integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, AC; permitir la revisión de la investigación a fin de determinar si se tomó en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres trans a la violencia motivada por su identidad o expresión de género y la condición de defensora de derechos humanos de Mireya.
Al Poder Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua se le exigió modificar el Código Penal del Estado para tipificar los crímenes de odio/ por prejuicio motivados por la orientación sexual y/o identidad o expresión de género y/o características sexuales (Ley Mireya Rodríguez Lemus); así como reconocer y garantizar los derechos humanos de las comunidades trans, y en general, de la población LGBT; modificar el Código Civil del estado para reconocer la identidad legal de las personas trans.
