El exauditor superior del Estado, Jesús Manuel E.F., denunció mediante una carta pública, que la actual administración estatal ha dado continuidad a la persecución política en su contra y de su familia, iniciada en la administración encabezada por Javier Corral Jurado, y advirtió que la vinculación a proceso recibida recientemente, es un acto totalmente ilegal.
“Es del conocimiento público que mi familia y yo, durante cinco años, fuimos víctimas de una persecución política por la anterior administración estatal”, menciona la carta.
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Recordó que, en el mes de diciembre del 2019, denunció a la entonces titular de la Fiscalía Anticorrupción Gemma Chávez, quien en respuesta, inició un proceso penal contra él y sus hijos, aún y cuando ellos no han sido funcionarios públicos ni han recibido dinero público.
Dicho proceso se encontraba suspendido por falta de documentación que acredite la acusación, así como por una serie de resoluciones que Jesús E.F. y su equipo jurídico presentaron ante instancias federales.
“Pese a ello, accedimos a ir a audiencia inicial y continuar con el proceso, pues este limbo jurídico nos impedía realizar trámites administrativos, migratorios y gubernamentales, expuso el ex auditor, quien denunció que fortuitamente escuchó una llamada entre el ex magistrado Gabriel Armando Ruiz, vice fiscal Anticorrupción y el actual titular de esa fiscalía.
En dicha llamada, narró el extitular de la ASE, que se pudo evidenciar que existía un acuerdo con el Poder Judicial para la vinculación a proceso.
“Todo salió conforme a lo acordado previamente con el Tribunal; No, no jefe, tal y como se los pedimos, sí, sí, ellos cumplieron todo lo pactado”, fueron parte de las palabras que Gabriel Armando Ruiz mencionó, sin percatarse que estaba siendo escuchado, aseveró el ex auditor.
“No está por demás recordar que este proceso en contra de mi familia fue autorizado por el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez; el mismo juez que confesó que recibía presiones de Palacio de Gobierno para vincular a proceso y aplicar la prisión preventiva a la actual gobernadora Maru Campos”, recordó.
Asimismo, aseguró que, la juez provisional Jessica Beltrán Jiménez, dictó la vinculación con fundamento ilegal en el artículo 212 del Código Penal Federal, aun y cuando el tribunal es local, por lo que no es aplicable la legislación federal.
Jesús Manuel E.F. hizo énfasis en que en la audiencia, se acreditó la contradicción de los testigos, la justicia selectiva y una serie de pruebas ilegales, por lo que con esa evidencia y otros 12 argumentos más, está convencido de que la instancia federal les concederá un amparo promovido.
Cuestionó los motivos por lo cual la Fiscalía Anticorrupción, emitió de inmediato un comunicado de prensa, dañando así a él y su familia, aun y cuando la propia juez ordenó que no circulara en medio de comunicación alguna imagen ni datos personales.
Comentó que ese actuar del fiscal Anticorrupción, podría obedecer a que no han obtenido resultados concretos en ningún caso, y tienen que evidenciar situaciones para justificar sus grandes sueldos.
Incluso cuestionó el resultado del caso de tortura Francisco G.A., el cual atrajo la Federación, o los casos del resto de exfuncionarios de la administración de Javier Corral, que no han podido ser detenidos y que no han podido ser vinculados a proceso.
“El daño familiar, moral, emocional y profesional que han ocasionado, desde el gobierno, por más de cinco años es incuantificable. Tanto mi familia como yo valoraremos las acciones legales correspondientes por esta nueva embestida mediática. Al resolverse favorablemente nuestros amparos, el titular de la Fiscalía Anticorrupción y su equipo, por dignidad, deberán renunciar y no regresar nunca más a la Administración Pública”, concluye la carta emitida por el exauditor Jesús Manuel E.F.
