A 2,555 días de vivir desplazados por integrantes del crimen organizado encabezados por la banda de Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, las comunidades de El Manzano en Uruachi y Monterde en Guazapares obtuvieron sentencia a su favor por un tribunal de Distrito, donde se le ordena a gobierno federal y estatal reparar el daño causado a raíz de la violencia.
En estas sentencias se dicta que deben otorgarles terrenos para que puedan contar con una vivienda digna y que se instrumenten acciones para que tengan un trabajo seguro que les garantice el sustento diario, además de que se garantice la educación sin costo y se les otorgue servicio médico.
En Chihuahua el problema de desplazamiento forzado interno por causa de la violencia es grave, dado que los gobiernos no han sabido atender la problemática y se tiende a invisibilizarla, al grado que Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de Personas en Desplazamiento Forzado Interno, estará de visita en la entidad y se reunirá con los colectivos en el mes de septiembre.
Esta será la primera visita oficial que realiza la abogada de derechos humanos y derecho humanitario internacional y está especializada en desplazamientos forzosos y migraciones a México, donde visitará tres estados, entre ellos Chihuahua, al ser una de las entidades con una alta incidencia.
DESPLAZADOS POR “EL CHUECO” DESDE 2014
Estas dos comunidades y sus familias acudieron a todas las instancias posibles, incluso cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde entonces se pedía la pacificación de la zona para el regreso a su comunidad, la ayuda humanitaria en el desplazamiento y acceso a la justicia, pues han sido víctimas de homicidios, robos, despojo, discriminación y hasta criminalización.
Las abogadas Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, y Ruth Fierro Pineda, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicaron que son alrededor de 120 personas las que integran el colectivo de las comunidades de El Manzano y Monterde.Hace unas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió una recomendación para atender estos casos, sin embargo ahora se trata de una resolución judicial.
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“Estos casos son relevantes, en el país un tema invisible son los desplazamientos forzados internos, ni siquiera se conoce el número de personas que se encuentran en esta situación desde que el país se convulsiona con la violencia”, señaló Ruth Fierro, quien agregó que ahora los gobiernos deberán cumplir con la sentencia emitida, luego de que fueron incapaces de garantizar la seguridad del territorio y evitar la expulsión.
Margarita, de la comunidad Monterde, municipio de Guazapares informó que las dos sentencias se emitieron el 12 y 19 de agosto, ello como resultado de un proceso de más de un año, por lo que el mandato judicial deberá cumplirse. La primera sentencia corresponde al amparo 847/2021 radicado en el Segundo Juzgado de Distrito, la segunda sentencia emitida en el amparo 917/2021 radicado en el Décimo Segundo de Distrito.
En dichos amparos se hace responsables a la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes deberán dar informes de sobre el avance de las carpetas de investigación, y las acciones emprendidas para lograr el bienestar de las personas en desplazamiento, así como garantizar sus derechos humanos.
La familia Soto fue la primera en ser desplazada hace siete años, las familias Sánchez tienen seis años y la familia Girón ya cuenta cinco años en desplazamiento.
En el 2014, Cruz Soto Caraveo, su familia y otras personas fueron desplazados por el crimen organizado de la comunidad de Monterde, en Guazapares. En octubre de 2019 Cruz fue “levantado” por una célula criminal y luego encontraron su cuerpo. Se le atribuyeron a “El Chueco” los hechos.
Un integrante de la familia Sánchez relató que los integrantes de su familia desde el 2015 se encuentran desplazados por la violencia que se vive en la zona por parte del crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal, los criminales tienen el control del manejo forestal.
A pesar de que en reiteradas ocasiones se denunció la actuación de los criminales, el Estado nada hizo por proteger a los miembros de la comunidad. Incluso denunciaron antes de que se diera el desplazamiento. Con ello se han registrado diversos delitos que siguen impunes.
SENTENCIA QUE MARCA PRECEDENTE
Estos amparos son favorables a las comunidades y finalmente un juez y una jueza obligan a las autoridades estatales y federales a responder. Una de las principales peticiones es el reasentamiento, por lo que se debe donar terrenos y realizar la construcción de sus hogares.
La sentencia habla de dotarlos de un terreno de alrededor de siete hectáreas en la capital, pero no está urbanizado, para el reasentamiento definitivo, sin embargo se espera que la atención a esta sentencia sea inmediata y se les otorgue un espacio digno. Se espera que sea favorable la resolución del Estado para atender una problemática humanitaria, dado a que a un empresario chihuahuense se le otorgó un terreno de 16 hectáreas para un fin comercial.
En la sentencia se incluye garantizar la educación sin costo, brindar uniformes y útiles escolares, así como un programa de regularización para los niños y jóvenes, acompañamiento para su inserción escolar. Inscribirlos de manera gratuita a los servicios de salud pública.
Se debe mantener los apoyos de alimentación y alojamiento en condiciones de seguridad y vivienda digna, agua potable, vestido adecuado y las condiciones de seguridad necesarias para proteger a las familias de ataques o actos de violencia generada por la persecución de grupos delictivos.
El Estado deberá adoptar medidas para detener la apropiación, destrucción, ocupación, usurpación o uso arbitrario e ilegal de su patrimonio en la comunidad de origen. Así como la indemnización de acuerdo a los parámetros internacionales.
En el caso de El Manzano, los criminales se encargan del aprovechamiento forestal, incluso los dos aserraderos que existían los movieron a otros ejidos para vender y comprar la madera al precio que quieren. En otros casos se contaba con huertas de manzana y durazno, las cuales ahora son usufructuadas por los criminales.
Hay que recordar que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno desde hace dos años continúa “atorada” en el Senado debido a que implica un presupuesto oneroso para atender a las personas en esta situación.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) alrededor de 44 mil 905 personas fueron desplazadas por la violencia durante el 2021, en Chihuahua sólo de estas comunidades son alrededor de 120 personas, pero en los últimos años se ha dado cuenta del desplazamiento de más de 20 comunidades enteras, incluso la policía y el Ejército los apoyan para salir de la zona, en lugar de combatir el crimen.
El colectivo se reunirá con la relatora especial de manera privada. Tras la visita se espera que emita recomendaciones al país sobre lo que tiene que hacer para atender la problemática creciente.
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