Durante el 2021 las áreas de justicia alternativa en Chihuahua gastaron 33.6 millones de pesos en sus órganos especializados o áreas administrativas, siendo el séptimo estado con mayor gasto en este rubro a nivel nacional, aunque cuenta solo con 62 agentes especializados en el rubro.
Lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, en el que se analizan diversos módulos como: estructura organizacional y recursos; impartición de justicia en materia penal; justicia para adolescentes; impartición de justicia en materia civil, familiar y mercantil y servicios periciales, además de la justicia alternativa.
En su apartado “Justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias”, el Inegi indicó que Chihuahua contó durante el 2021 con 62 agentes especializados en justicia alternativa.
El personal que se requiere para realizar estas actividades son: facilitadores, conciliadores, mediadores, notificadores, así como especialistas orientadores, otros servidores públicos y personal administrativo y de apoyo.
Además, estos agentes abrieron más de 6 mil expedientes durante el 2021; en el rubro penal, se abrieron 1 mil 256 expedientes; en el civil, 2 mil 199 expedientes; en lo familiar, 2 mil 802 expedientes y en lo mercantil, 74 expedientes, dando un total de 6 mil 331 expedientes abiertos por medio de las áreas de justicia alternativa en todo el territorio estatal.
A nivel estatal se cuenta con el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias (CEMASC), el cual reportó al primer semestre del 2022 la apertura de 2 mil 758 asuntos y la resolución de 2 mil 041 conflictos a través de acuerdos reparatorios.
La dependencia indicó que solo el 11 por ciento de sus casos fueron remitidos a las áreas de Investigación y persecución del delito de la Fiscalía; además, se indicó que en el primer semestre del 2022 se recuperaron 26 millones 696 mil 942 pesos a favor de las víctimas.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, también cuenta con un Instituto de Justicia Alternativa, en el que se llevan a cabo procesos de conciliación, mediación y justicia restaurativa, donde un tercer imparcial denominado facilitador, auxiliará a las partes involucradas en el conflicto para que se comuniquen de la mejor manera posible y puedan resolver sus diferencias para buscar una solución.
El Poder Judicial informó que en el 2021 atendió a 13 mil 712 personas usuarias en todo el Estado; logró que se celebraran 2,953 convenios, y llevó a cabo 6,540 procesos de mecanismos alternativos —mediación, conciliación y juntas restaurativas, en las materias familiar, civil, mercantil y penal—.
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