El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, explicó que con la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pago del Derecho de Alumbrado Público, en el municipio de Chihuahua se aplicará un cobro de 60 pesos mensuales a todos los usuarios, lo que representa un estimado de 300 millones de pesos, que cobra la Comisión Federal de Electricidad.
“El cobro son 60 pesos mensuales, lo han querido tergiversar elevándolo a un cobro bimensual y no, son 60 pesos mensuales; y es adecuándonos a una interposición de dos juicios de anticonstitucionalidad, uno del gobierno federal y otro, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se interpone en contra del sistema de cobros de los gobiernos”, afirmó.
Bonilla Mendoza señaló que hay un antecedente el año anterior de Mexicali, Aguascalientes y Guanajuato, donde se interpuso un recurso para eliminar dicho cobro, pero no se decretó como inconstitucional el cobro; sino, el sistema de cobro.
“Ya sabían perfectamente que al interponer un recurso, iba a cambiar y lamentamos que la interposición de este recurso, por parte de la CNDH, afecte a quien debería de proteger, que es precisamente, los más necesitados de los municipios del país”, dijo.
El alcalde de Chihuahua refirió que lo que está haciendo el Municipio, es adecuando el sistema a esta decisión de la SCJN, ya que de lo contrario, sería el Municipio quien tendría que pagar los 300 millones de pesos por ese concepto.
“Si no lo hacemos (el cobro de 60 pesos mensuales), significaría que tenemos que jalar los 300 millones de pesos que se pagan hoy por concepto de energía eléctrica, que no recibe el municipio, sino que se queda el sobrante, que es la Comisión Federal de Electricidad. Lo que tendríamos que hacer es quitar los programas de becas, el programa alimentario, reducirle a bacheo, recarpeteo, mantenimiento de parques y mantenimiento de luminarias, para poder solventar ese boquete financiero que sí es grave”, afirmó.
En ese sentido, mencionó que los gastos municipales se dividen en una tercera parte en programas sociales del municipio y la operación del gobierno municipal; otra tercera parte se gasta para la seguridad del municipio, en el pago de los policías, equipamiento, las patrullas, la gasolina, el mantenimiento del Halcón, mantenimiento de la plataforma Escudo Chihuahua; y otra tercera parte, se destina a todas las acciones que se realizan como municipio.
Aclaró que la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, dice que el derecho de alumbrado público, es eso, un derecho, no un impuesto; con un costo universal para todos, porque todos disfrutan del beneficio, y que si es el mismo servicio, por lo tanto, el pago es el mismo.
“Lo que estamos haciendo es adecuándonos a esa sentencia, es decir, estamos cambiando el modelo de cobro a lo que determina la SCJN, porque no queremos volvernos a arriesgar el siguiente año a que se interponga un juicio de inconstitucionalidad y se resuelva en ese sentido otra vez, y pongamos en riesgo el patrimonio de las y los chihuahuenses”, externó.
Citó por ejemplo el esquema de Juárez, que se tasa de diferente manera a los diferentes sectores de la sociedad. Según lo que analicé de la ley, es que el municipio de Juárez le cobra lo mismo a quien vive en Anapra, que a quien vive en el Campestre; le cobran a quien tiene una casita de 42 metros cuadrados, lo mismo que a quien tiene una casa de 500 metros cuadrados, en ciudad Juárez
