“Los defensores públicos de México trabajan para asegurar que la justicia y los derechos sean una realidad para todos, su labor es un acto de valentía y compromiso con la justicia social”, aseguró la magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al presidir la ceremonia inaugural del XXIII Congreso Nacional de Defensorías Públicas Estatales.
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Por primera vez Chihuahua es sede de un congreso de esta envergadura, donde participan abogados de diversas entidades del país, quienes intercambian experiencias, renuevan lazos y compromisos para construir la justicia para todos.
El auditorio Rafael Lozoya Varela del Tribunal Superior de Justicia fue la sede para la ceremonia inaugural de este magno evento, que fue presidida por la magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del TSJ, acompañada de la consejera jurídica de Gobierno del Estado, Yadira Anette Grammer Quiñonez; la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales y directora del Instituto de Defensoría de Tamaulipas, Mariela Estefanía Zurita Lugo; el licenciado Héctor Armando González Mocken, presidente de la Asociación y director del Instituto de Defensoría de Chihuahua, así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya; el capitán Primero de Infantería Jesús Guillermo Luna en representación de la V Zona Militar; y Javier Mejía Jacobo, subsecretario jurídico del Ayuntamiento de Chihuahua.
Se resaltó que la defensoría pública de Chihuahua tiene el compromiso de llegar a los lugares más remotos de la Sierra Tarahumara para que todo individuo tenga acceso a la ayuda que necesita para prosperar y vivir con dignidad. En colaboración de diversas instancias estatales han logrado proporcionar reparaciones a víctimas del delito y resolver problemas familiares relacionados con el estado civil de las personas.
La magistrada presidenta destacó que la defensoría pública es un servicio que garantiza los derechos de todos, porque cualquier persona que pueda verse involucrada en un proceso pueda defenderse.
“Las sociedades nos exigen como profesionales del derecho un conocimiento y respeto a los derechos humanos lo que implica buscar soluciones que favorezca a las personas con la protección más amplia”.
Ante ello, dijo que se debe centrar la atención en los seres humanos, teniendo claro que en cada expediente que tramitan existe una dificultad importante o quizá una tragedia en la vida de alguien, que además, carece de recursos económicos y no tiene quien vele por sus derechos ante los tribunales.
La magistrada mencionó que es esencial garantizar el acceso a la justicia mediante una defensoría eficaz, universal y gratuita, que permite mantener el piso parejo en el proceso judicial para toda la población.
Por su parte, el licenciado Héctor Armando González Mocken, presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas y director del Instituto de la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia dio la bienvenida a los visitantes a Chihuahua, donde recordó que esta entidad ha sido bastión de la democracia.
Recordó que la Defensoría Pública nació en San Luis Potosí, en 1847 cuando Ponciano Arriaga planeó la necesidad de contar con una Procuraduría de los Pobres que ante un conflicto no tenía la posibilidad de defenderse, actualmente, la Defensoría Pública es una de las instituciones más fuertes del país. De la misma manera, agradeció a quienes conforman el TSJ y las dependencias que se vieron involucradas en la realización de este congreso nacional.
En su intervención, la consejera jurídica del Gobierno del Estado, Yadira Grammer Quiñónez invitó a los participantes a hacer prevalecer los derechos humanos, “Hoy el papel de las y los defensores públicos es más desafiante porque el derecho ha evolucionado y la demanda de justicia se ha vuelto más apremiante para los grupos vulnerables”.
En este congreso participan defensores de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Tabasco, Estado de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua.
Tras la declaratoria inaugural se le dio paso a las conferencias especialmente preparadas para la profesionalización del gremio, con técnicas operativas y participativas, ponencias de violaciones a derechos humanos.
