La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro logró obtener que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dictara auto de vinculación a proceso en contra de Francisco G. C. por el delito de administración fraudulenta, cometido en perjuicio de una empresa por una cifra que supera los 27 millones de pesos.
La investigación ministerial reveló que el imputado, en connivencia con otra persona identificada como Raúl Humberto G., quien ya ha sido vinculado a proceso en relación al mismo caso, orquestó un acuerdo laboral que se ha calificado como desfavorable, desproporcionado e inusitadamente ventajoso para uno de los empleados y socios de la empresa afectada, ocasionando una severa afectación económica.
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Los hechos se remontan al 29 de mayo de 2019, cuando Francisco G. C., actuando en calidad de apoderado legal y administrador de la empresa perjudicada, y Raúl Humberto G. M., quien ostentaba el rol de socio y empleado de la misma, firmaron un convenio laboral ante la Junta Especial de Conciliación. Dicho convenio versaba sobre la rescisión de la relación laboral de Raúl Humberto G. M., por un monto de 12 millones 092 mil 559 pesos.
Sin embargo, la trama se complicó aún más, ya que en el mencionado acuerdo, Francisco G. C. utilizó como garantía dos valiosas máquinas propiedad de la empresa afectada, con un valor estimado de 27 millones 400 mil 944 pesos. Sorprendentemente, la parte perjudicada, a pesar de ser la socia mayoritaria de la compañía, desconocía los detalles y la magnitud de esta transacción.
Como resultado de este convenio, el 05 de julio de 2019, se llevó a cabo el embargo de las máquinas en cuestión, siendo Raúl Humberto G. M. designado como depositario de las mismas. Posteriormente, el 18 de julio de 2019, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, estas máquinas fueron entregadas a Raúl Humberto G. M. como parte del acuerdo de pago.
En cuanto a la situación legal de Raúl Humberto G. M., se encuentra bajo medidas cautelares que incluyen el depósito de una garantía económica por un millón de pesos, la prohibición de abandonar la ciudad y de acercarse a la víctima, así como la obligación de portar un brazalete de localización, cuyos costos correrán a su cargo.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro continuará trabajando en la investigación y el enjuiciamiento de este caso para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
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