Un total de 267 quejas se han registrado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra las corporaciones de seguridad pública, debido a diferentes actos violatorios. La Fiscalía General del Estado es la más señalada, por lo que se han emitido dos recomendaciones para la dependencia.
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Las quejas contra las corporaciones policiacas que operan en el territorio estatal representan el 65.9 por ciento del total de quejas que ha recibido el organismo en lo que va de 2023.
En 2022 se recibieron 398 quejas en contra de las dependencias de seguridad por presuntos actos y omisiones cometidos por sus integrantes, ello representó el 58.14 por ciento del total de quejas recibidas en el año.
En lo que va del año, se registra un ligero incremento del 5% en la recepción de quejas.
Se informó que la Fiscalía General del Estado es la que más quejas ha recibido en su contra por presuntos actos violatorios. En total ha recibido 113 quejas.
En segundo sitio se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con 59 quejas, incluso algunos elementos han sido sometidos a capacitaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre acoso y discriminación. En el 2022 se encontraba en el cuarto sitio de quejas.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez registra 33 quejas, lo que la posiciona en cuarto lugar.
En el quinto sitio se encuentra la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, contra la cual se han recibido 30 quejas.
En el 2022, la Fiscalía General del Estado fue la que más quejas recibió en su contra, en segundo lugar la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, en tercer sitio la DSPM de Chihuahua y en cuarto la SSPE.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que en lo que va del año se han emitido cuatro recomendaciones, de éstas dos para la Presidencia Municipal de Chihuahua por la violación al derecho a la integridad y seguridad personal, y por uso ilegítimo de la fuerza pública.
Las otras dos recomendaciones están dirigidas a la Fiscalía General del Estado por la violación al derecho a la integridad personal, en modalidad de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En las recomendaciones se relata cómo los quejosos fueron sometidos a tortura de moderada a alta.
