Una superficie de 3 mil 500 hectáreas que fueron vendidas a particulares deberán ser devueltas al ejido Las Delicias, municipio de Rosales, luego de que el Tribunal Unitario Agrario determinara que la venta de dichas tierras de uso común no se realizó conforme a derecho, lo que afectará a diecisiete propietarios.
Se conoció este sábado que desde el mes de septiembre el tribunal ordenó al Registro Agrario Nacional y al Registro Público de la Propiedad cancelar diecisiete títulos de propiedad de las hectáreas mencionadas anteriormente, de las cuales 500 son de riego, mismas que deberán ser desocupadas por los particulares que las adquirieron.
Lo anterior fue confirmado por el abogado Javier Robledo Zúñiga, asesor legal del ejido Las Delicias, quien advirtió que el Tribunal Agrario podría auxiliarse de la Guardia Nacional e incluso del Ejército para ejecutar el desalojo y devolver las 3 mil 500 hectáreas a sus dueños originales.
Recordó que el conflicto en el ejido surgió después que un grupo de personas manifestara su desacuerdo en que un grupo de particulares se repartieran las tierras de uso común, en las cuales se perforaron trece pozos de los que nueve están en litigio.
La mayoría de los ejidatarios aceptó vender las hectáreas, pero otro grupo estuvo en desacuerdo y acudió al tribunal, que tras revisar el caso determinó anular la asamblea donde se tomó el acuerdo porque no se siguió el procedimiento debido.
No obstante, pasaron los años y el grupo de ejidatarios interpuso una demanda ante el tribunal unitario en la ciudad de Chihuahua, en la cual solicitaron la cancelación de los títulos de propiedad expedidos a favor de las personas que compraron las tierras.
“Entonces acaba de culminar en septiembre ese proceso en donde dice el Tribunal Agrario que, efectivamente, se deben anular esos títulos de propiedad porque esas tierras de uso común vuelven al dominio, vuelven a la propiedad, vuelven a la titularidad del ejido Las Delicias”, reiteró.
Anterior a la cancelación de los títulos, se procedió a hacer lo propio con las concesiones de los pozos que estaban en manos de los particulares y ubicados dentro de las 500 hectáreas de riego de las tierras de uso común.
“También (el Tribunal Unitario Agrario) determinó la cancelación de esas concesiones mientras la parte interesada, en este caso que viene siendo el ejido, tramita nuevamente las concesiones para que se le otorguen nuevamente los nuevos títulos para explotar esos pozos, mientras pasan al resguardo, a la protección, al cuidado de la Comisión Nacional del Agua”, señaló.
El abogado enfatizó que las sentencias fueron dictadas por un tribunal agrario, por lo cual es sumamente complicado que aquellas cambien en su sentido mediante el recurso del amparo, pues ya está el antecedente de la anulación de la asamblea donde acordaron la venta de los terrenos ejidales
