A fin de reformar nueve leyes del Estado, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa con carácter de decreto a fin de que se contemplen dentro de los requisitos para quienes pretendan acceder a ocupar cargos de elección popular cumplan con el requisito de no ser deudores alimentarios morosos.
Esto, adhiriéndose a lo establecido donde se especifica el que no deben contar con antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación y feminicidio.
De esa manera, se pretende enviar el mensaje de que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de adoptar las medidas integrales que permitan detener la perpetración de las violencias en contra de las mujeres, de los derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad.
La legisladora Margarita Blackaller, quien dio lectura a la exposición de motivos, refirió que debe ser obligación de toda institución pública velar porque dentro del servicio que realizan se adviertan las situaciones de violencia, discriminación y vulnerabilidad a fin de garantizar la erradicación de los mismos.
En ese mismo tenor, insistió en que esas problemáticas se erradicarán únicamente si el cambio proviene desde los entes públicos y las autoridades estatales, razón por la cual promueve reformar la normatividad para que se cumpla no solo con lo material sino con las obligaciones convencionales.
Resaltó que se debe salvaguardar el cumplimiento de los derechos a los que tiene acceso toda persona y en las cuales están implicadas las obligaciones de asistencia familiar, empezando por toda persona servidora pública de las diversas áreas administrativas.
Justificó además que, todo servidor público debe ser una persona que cumpla con los elementos básicos que tienen estrecha relación con el cargo al que acceden para, de esa manera, desempeñar de manera honrada y responsable sus actividades.
Concluyó que esta iniciativa complementa las políticas públicas implementadas por el poder ejecutivo en el Plan Estatal de Desarrollo, la Agenda Legislativa, así como las directrices administrativas del poder judicial.
