/ sábado 8 de julio de 2023

Proponen involucrar al MP como estrategia para combatir embarazos adolescentes

Se busca que siempre que exista un embarazo adolescente, se dé aviso a las autoridades para que se investigue si existe alguna conducta de naturaleza penal

Con el objetivo de garantizar que los embarazos en menores de edad no estén involucrados con delitos, y como una medida para disminuir los índices que actualmente se registran, el diputado Omar Bazán propuso una reforma en la que pide se investigue si la gestación fue producto de alguna conducta de naturaleza penal.

Concretamente, se busca que quede establecido que en todos los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud deberán dar aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que se investigue y se determine si existe alguna conducta de naturaleza penal.

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Lo anterior, debido a que, durante el 2022, en México se registraron los niveles más altos en toda América Latina y el Caribe de embarazos en jóvenes de entre 13 y 19 años, lo cual implica el reto de reducir en un 50 por ciento esta tasa para el 2030, de acuerdo con los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional detalló que el embarazo adolescente continúa siendo un problema latente que afecta el desarrollo, acceso a la educación y salud, así como a otros derechos fundamentales.

Especificó que no siempre son consecuencia de que los jóvenes inicien su vida sexual a temprana edad o de la poca responsabilidad que pudieran tener en el cuidado de su salud reproductiva, sino que, en muchas ocasiones, se debe a manipulaciones hacia la menor o, en el peor de los casos, a agresiones sexuales.

De tal manera, el embarazo adolescente, el abuso y la violencia sexual constituyen no solo un problema sanitario, sino también un problema grave de derechos humanos que conlleva serias consecuencias biológicas, psíquicas y sociales.

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El diputado recordó que cuando una adolescente se embaraza, significa que se ha fallado como garantes de sus derechos, pues la vida de esa joven cambiará radicalmente debido a lo que implica tener un hijo a esa edad, empezando por la posible deserción escolar.

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Además, el abanico de posibilidades para su proyecto de vida, sus relaciones sociales y la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal se ven igualmente afectadas; además de que los hijos suelen tener igualmente efectos negativos que obstaculizan su crecimiento y desarrollo.

Con el objetivo de garantizar que los embarazos en menores de edad no estén involucrados con delitos, y como una medida para disminuir los índices que actualmente se registran, el diputado Omar Bazán propuso una reforma en la que pide se investigue si la gestación fue producto de alguna conducta de naturaleza penal.

Concretamente, se busca que quede establecido que en todos los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud deberán dar aviso al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que se investigue y se determine si existe alguna conducta de naturaleza penal.

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Lo anterior, debido a que, durante el 2022, en México se registraron los niveles más altos en toda América Latina y el Caribe de embarazos en jóvenes de entre 13 y 19 años, lo cual implica el reto de reducir en un 50 por ciento esta tasa para el 2030, de acuerdo con los objetivos planteados en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional detalló que el embarazo adolescente continúa siendo un problema latente que afecta el desarrollo, acceso a la educación y salud, así como a otros derechos fundamentales.

Especificó que no siempre son consecuencia de que los jóvenes inicien su vida sexual a temprana edad o de la poca responsabilidad que pudieran tener en el cuidado de su salud reproductiva, sino que, en muchas ocasiones, se debe a manipulaciones hacia la menor o, en el peor de los casos, a agresiones sexuales.

De tal manera, el embarazo adolescente, el abuso y la violencia sexual constituyen no solo un problema sanitario, sino también un problema grave de derechos humanos que conlleva serias consecuencias biológicas, psíquicas y sociales.

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El diputado recordó que cuando una adolescente se embaraza, significa que se ha fallado como garantes de sus derechos, pues la vida de esa joven cambiará radicalmente debido a lo que implica tener un hijo a esa edad, empezando por la posible deserción escolar.

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Además, el abanico de posibilidades para su proyecto de vida, sus relaciones sociales y la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal se ven igualmente afectadas; además de que los hijos suelen tener igualmente efectos negativos que obstaculizan su crecimiento y desarrollo.

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