El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, dio a conocer que los recursos para la implementación de los juzgados laborales, se contemplan para el 2023, y destacó que, en el presente año, sí se pudieron implementar los Centros Estatales de Conciliación.
“Ellos (el Poder Judicial) plantearon un presupuesto que estará incluido dentro del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2023, y vamos a ver como resulta la propuesta general del estado, pero es un compromiso de la gobernadora atender las necesidades de la reforma laboral”, expresó.
Destacó que se están considerando los recursos que pudiera necesitar el Poder Judicial del Estado, y para tal efecto se están tomando en cuenta los planteamientos que el mismo PJE presentó para integrar su presupuesto.
Reiteró que, para atender las necesidades de la reforma laboral, se están considerando recursos también para los Centros de Conciliación de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, que este año sí recibieron recursos contemplados y que ya se está ejerciendo.
Granillo Vázquez manifestó que dentro del ejercicio fiscal 2022, sí se destinó un ligero recurso para el Poder Judicial del Estado para que fuera dirigido a la implementación de la reforma, lo que les ha permitido arrancar sin mayor problema con ese nuevo sistema de justicia laboral.
Añadió que el presupuesto para tratar el grueso de las necesidades del Poder Judicial del Estado para la reforma laboral, es decir, para el tema de los juzgados laborales, se estará implementando el 2023.
Cabe mencionar que el magistrado Luis Villegas Montes, informó en días pasados que, para la creación de los juzgados laborales, hacían falta cerca de 350 millones de pesos, pues estos no sólo requieren la contratación de cerca de 300 personas, sino que necesitan sus propias sedes y su equipo y mobiliario.
Subrayó que el hecho de que esos juzgados labores operen dentro de lo que es la Ciudad Judicial, es decir, en donde está el resto de los juzgados, puede entorpecer los trabajos en la impartición de justicia, pues en las juntas de conciliación son tomadas por manifestantes de manera constante, y en caso de que esto ocurra en la Ciudad Judicial, afectaría mucho los trabajos que se desarrollan en el Tribunal Superior de Justicia.
