El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y votará el proyecto en el cual se plantea declarar la inconstitucionalidad de la pena de 30 a 70 años de prisión para extorsionadores en el estado de Chihuahua.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará dicho proyecto en el que considera que la pena, modificada por el Congreso local para eliminar la prisión vitalicia del Código Penal local, es aún desproporcional.
De aprobarse el proyecto, el Congreso del Estado tendrá que adecuar el Código Penal de Chihuahua ajustando la penalidad en los parámetros que la Corte determine.
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En la entidad son 66 personas que cumplen una sentencia por el delito de extorsión, mismas que podrían resultar beneficiadas, en caso de que la pena disminuya.
Ante la posibilidad de que la SCJN declare inconstitucional la penalidad, existen varios posicionamientos de algunos actores políticos que refieren que hace 10 años el índice de la comisión de este delito en Chihuahua fue muy alto, lo que derivó que las sentencias se endurecieran, lo que dejó como resultado la reducción de los casos.
Hasta el día de ayer por la tarde, el proyecto del ministro González Alcántara no se encontraba en el listado de asuntos a tratar en la sesión de hoy miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nunca estaremos a favor de ventajas que promuevan la impunidad: Marco Bonilla
El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza solicitó que se debata y analice a fondo la propuesta del magistrado Juan Luis González, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la reducción de pena a extorsionadores en el estado de Chihuahua, de 30 a 70 años de cárcel, por considerarla anticonstitucional.
“Es una mala decisión el disminuir esta pena punitiva, y nosotros nunca vamos a estar a favor de ventajas o de facilidades que promuevan la impunidad en este país. Los delitos se deben castigar con todo el peso de la ley; y quizá los ministros de la Corte vean hoy el tema de las extorsiones telefónicas, de las redes sociales, entre otras, pero aquí en Chihuahua tuvimos quema de negocios, en la crisis de seguridad de 2008 a 2011, precisamente por no pagar cuotas, encuadradas en la tipología de extorsión”, afirmó.
El alcalde Bonilla acotó que es necesario que en este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice a fondo el caso, que por lo menos revise la incidencia delictiva de Chihuahua de 2008 a 2011 y vea la gran tragedia de inseguridad, precisamente, derivada del delito de extorsiones.
“Ojalá se debata y se analice muy a fondo esta situación y no vaya a generar un retroceso en toda la seguridad pública de todo el país”, acotó.
El alcalde Bonilla consideró que la pena de 30 a 70 años que está vigente, es suficiente como pena punitiva, para que los delincuentes se inhiban antes de cometer cualquier delito; pero para poder procesarlos con esa cantidad de años, es necesario esencialmente, que la ley esté vigente.
Esperemos no avance: Cruz Pérez Cuéllar
El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar lamentó que un Ministro de la Suprema Corte de la Nación que no entiende la realidad que vivimos los juarenses todos los días.
Lo anterior, luego de que un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pretende proponer inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión a extorsionadores en el estado, de quedar firme esta modificación, podría impactar en 66 personas que han sido sentenciadas por este delito dentro de la entidad.
El alcalde externó que no puede ser posible que pretenda darle marcha atrás a una pena que sí ayuda a combatir este delito tan grave.
“Esperemos que no procesa, esperemos que no avance porque sí nos afectaría todo el trabajo que estamos haciendo para combatir la inseguridad”, sentenció el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
Delito afecta económica y emocionalmente: Peña
En lo personal no le veo motivo de que se reduzcan las penas a los extorsionadores considero que es un delito grave y que no solo afecta a las familias en el patrimonio sino también en lo emocional, las familias no viven tranquilas cuando son extorsionadas, sin embargo debe de analizarse esta propuesta del magistrado Alcántara, ya que en Chihuahua la pena máxima es de 70 años y ha traído resultados bajando los índices de este delito, indicó César Peña, alcalde de Parral.
La opinión del magistrado de la suprema corte de justicia Juan Luis Alcántara ha causado controversia al señalar que en el estado de Chihuahua la pena máxima para extorsionadores es excesiva y que el día de hoy presentara la propuesta para declarar inconstitucional este delito, lo cual abre la posibilidad de reducir las sentencias a las personas que cometieron este ilícito.
Por su parte Cesar Peña Valles presidente municipal de Parral considero que es una posición que se debe de analizar, en chihuahua las penas van de 30 hasta 70 años de cárcel para estos delincuentes, indicó que hay que tomar en cuenta que no solamente está afectando el patrimonio de las familias sino también la paz y seguridad de las víctimas, ya que en muchos de los casos son amenazados y las familias ya no viven tranquilas.
Considero el edil que si la justicia se muestra blanda con las penas seguramente volverá a incrementarse este delito en el estado, es un problema que hay que analizar a fondo, ya que hay que recordar que en años anteriores el estado de Chihuahua fue uno de los estados que más sufrió de este delito, sin embargo al implementar penas de hasta 70 años de cárcel, los índices delictivos bajaron.
Señaló el edil que la suprema corte de justicia debe de tomar en cuenta de que es un delito grave y se debe de castigar a los autores, se debe de tomar en cuenta a los estados para que se trabaje en una ley equitativa y justa, también va a depender en mucho del grado del delito y en la incidencia de las personas que se dedican a extorsionar.
Sin embargo una de las verdades, es que se debe de tomar en cuenta a las víctimas, no solo se está afectando el patrimonio de las familias, se está atentando contra la seguridad y tranquilidad de ellas, si el magistrado considera como excesiva e inconstitucional una sentencia para pagar una pena por este delito, no debe de olvidar que en el estado las autoridades han trabajado mucho por erradicar este delito.
Que investiguen a las víctimas: Humberto Pérez Mendoza
Tras conocer la intención de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de proponer inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión a extorsionadores en el estado de Chihuahua, el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, rechazó la propuesta al afirmar que una importante cantidad de familias en la entidad se vieron gravemente afectadas no solamente en su economía sino en su condición social.
El edil declaró que, en el periodo álgido de la violencia en la región de Cuauhtémoc, el delito de extorsión era común, afectado con ello a cientos de familias que, muchas de ellas, optaron por emigrar a otros puntos del estado e incluso del extranjero para proteger su integridad de grupos delincuenciales.
Es por ello que, al conocer el propósito de la SCJN, “Beto” Pérez destacó la investigación que previamente deben efectuar los Magistrados antes de tomar una decisión que por años fue un flagelo para la sociedad chihuahuense, para establecer castigos a quienes sin ningún pudor dañaron el tejido social.
“Valdría la pena que ellos investigaran con todas las familias que han sido víctimas de extorsión (..) las repercusiones en la salud y la economía, porque imagínese que alguien se desprenda de su patrimonio por una acción delictiva de este tipo y que de repente haya una instancia suprema que trate de disminuir los castigos para estas personas”, reflexionó el edil.
Agregó que en la actualidad se deben analizar las condiciones delictivas para que tanto legisladores como la Suprema Corte de Justicia establezcan leyes verdaderamente justas, y evitar modificar aquellas que se presume son desproporcionales.
Agregó que actualmente personas cumplen condenas ejemplares que se establecieron a partir del año 2010, por lo que, al modificarse el periodo de sentencia a menos años para extorsionadores, varios de los responsables de este delito quedarán en libertad, sin que se garantice la reinserción estos y por ende existan riesgos de que vuelvan a delinquir.
Al respecto, el Fiscal en la zona occidente, Edgar Chaparro Venzor, dijo que existe confusión respecto a la evaluación que realiza la SCJN en lo referente al tema de extorsiones, ya que la sociedad confunde las extorsiones por el cobro de derecho de piso a las estafas que se cometen en diversas modalidades a través de llamadas telefónicas.
Explicó que en el caso de las extorsiones que realizan grupos delictivos principalmente, la zona occidente registra un índice muy bajo en este sentido, mientras que en el caso de estafas estas son más comunes, sin embargo, estos delitos son sancionados de distinta manera.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo estar totalmente en contra de la reducción de las sentencias por el delito de extorsión, al contrario, dijo, se debe aplicar la ley con castigos más ejemplares para los responsables de todo tipo de delitos, sobre todo el de extorsión.
Con información de Paloma Sánchez, Salvador Miranda, Javier Cruz
