Durante el mes de junio, al menos 10 localidades han sido tomados por grupos armados, lo que genera el desplazamiento forzado de las personas, quienes para salvar su vida, huyen al monte dejando todas sus pertenencias, denunció la Consultoría técnica Comunitaria A.C. CONTEC, por lo que urgió a las autoridades a actuar con prontitud.
La organización trabaja desde hace 24 años en comunidades de la Sierra Tarahumara y expresó su profunda preocupación por los acontecimientos de violencia que se suceden uno a uno en la zona de Baborigame afectando a cientos de personas de los Pueblos originarios Ódame y Rarámuri.
El desplazamiento forzado ha sido definido por la Organización de las Naciones Unidas ONU en los principios rectores de desplazamiento forzado interno como “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
La población en esta zona de manera reiterada ha solicitado auxilio a las autoridades ante las amenazas y ataques de grupos armados a las rancherías, que a decir de ellos ha dejado numerosos homicidios, sin que a la fecha se haya dado una respuesta adecuada, no solo, no se sienten protegidos ante las incursiones de estos grupos, sino que es incomprensible para los afectados que el destacamento de soldados que se encontraba en la localidad de portezuelos y que pertenece a Badiraguato, el cual, podía prestarles protección, se retiró de la zona.
CONTEC señaló que no pueden ser indiferente a esta realidad de desplazamiento forzado que están viviendo la población serrana conformada por decenas de familias donde la mayoría de los miembros son niños y niñas, por lo que urgieron a las autoridades a actuar con prontitud y eficacia a esta situación que pone en peligro la vida y seguridad de incontables personas.
“No solo pedimos garantías para salvaguardarlos, sino que es impostergable se atienda de fondo la grave violencia en la zona, para que puedan volver a sus hogares y tierras en condiciones de seguridad”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: Toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, debido a los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La Corte reitera que no basta que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal, o por la condición específica en la que se encuentren.
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Ante esta situación se exige y de manera urgente la presencia Estatal y Federal coordinada para pacificar las zonas; ayuda humanitaria en alimentos, salud y vestido.
Además de protección, seguridad, y vivienda para las familias; presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y reconocimiento de la calidad de Víctimas; y el resguardo en las comunidades para evitar más desplazamientos y otorgar seguridad para el retorno de las familias.
