/ viernes 2 de junio de 2023

Tras reducir penas, teme IP que regrese alta incidencia de extorsión

El presidente del CCE, Federico Baeza, argumentó que Chihuahua está casi libre del ilícito precisamente por el endurecimiento del castigo en el pasado

Nosotros fuimos los grandes impulsores para que se lograran estas penas, que ejercen respecto de los delincuentes a la autoridad. Nosotros estamos en contra de que se hayan reducido estas penas, porque les da oportunidad a los delincuentes”, apuntó Federico Baeza Mares, presidente de CCE Chihuahua.

Por lo anterior, reprueban esta posición del Tribunal y exigieron que la extorsión sea un delito muy grave, y que se den penas de arriba de 25 años, y se flexibilice esto porque van a regresar las extorsiones.

“En Chihuahua estamos casi libre de ese tema de extorsión y es gracias al aumento en las penas”, declaró Baeza, quien reconoció que durante la administración del exgobernador César Duarte se logró un aumento en las penas por extorsión y que, derivado de ello, se percibió una reducción en la incidencia.

Ante esto, Baeza destacó que se espera que la gobernadora Maru Campos, y otros actores, los apoyen en este sentido, para que estas penas no bajen y poder mantener esta estabilidad en el tema de extorsión que actualmente en Chihuahua “es muy reducido”.

No nos gusta la disminución tan radical: Canacintra

En este mismo tema, Armando Gutiérrez, presidente de Canacintra Chihuahua, en primera instancia manifestó que estas fuertes penas a la extorsión estuvieron relacionadas con los años más crudos en cuestiones de inseguridad.

Actualmente –basándose en cifras de Ficosec y de la mesa de seguridad-, expuso que la extorsión es un delito que está casi erradicado, así que, por un lado, destacó la relevancia de que el Estado de derecho en todos los delitos, y en este en particular, sea muy severo: “esto es, que a la gente le debe quedar muy claro que no está permitido en nuestro estado que se cometa una extorsión”.

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En ese sentido, detectó dos variables: una de estas es la pena; y la otra es que cuando alguien intenta cometer un delito de este tipo, debe hacerse una investigación inmediata, detención de los responsables, y desmantelamiento de la banda.

“Entonces, por una parte está el Estado de derecho y por otra está que tan grande es la pena; ahorita, como el delito no está presente, habría que monitorear el impacto, estar muy vigilantes a las cuestiones de Estado de derecho, y si la disminución de la pena es algo que empiece a detonar este delito, se tendría que actuar inmediatamente para volver a aumentarla”, declaró.

Nosotros fuimos los grandes impulsores para que se lograran estas penas, que ejercen respecto de los delincuentes a la autoridad. Nosotros estamos en contra de que se hayan reducido estas penas, porque les da oportunidad a los delincuentes”, apuntó Federico Baeza Mares, presidente de CCE Chihuahua.

Por lo anterior, reprueban esta posición del Tribunal y exigieron que la extorsión sea un delito muy grave, y que se den penas de arriba de 25 años, y se flexibilice esto porque van a regresar las extorsiones.

“En Chihuahua estamos casi libre de ese tema de extorsión y es gracias al aumento en las penas”, declaró Baeza, quien reconoció que durante la administración del exgobernador César Duarte se logró un aumento en las penas por extorsión y que, derivado de ello, se percibió una reducción en la incidencia.

Ante esto, Baeza destacó que se espera que la gobernadora Maru Campos, y otros actores, los apoyen en este sentido, para que estas penas no bajen y poder mantener esta estabilidad en el tema de extorsión que actualmente en Chihuahua “es muy reducido”.

No nos gusta la disminución tan radical: Canacintra

En este mismo tema, Armando Gutiérrez, presidente de Canacintra Chihuahua, en primera instancia manifestó que estas fuertes penas a la extorsión estuvieron relacionadas con los años más crudos en cuestiones de inseguridad.

Actualmente –basándose en cifras de Ficosec y de la mesa de seguridad-, expuso que la extorsión es un delito que está casi erradicado, así que, por un lado, destacó la relevancia de que el Estado de derecho en todos los delitos, y en este en particular, sea muy severo: “esto es, que a la gente le debe quedar muy claro que no está permitido en nuestro estado que se cometa una extorsión”.

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En ese sentido, detectó dos variables: una de estas es la pena; y la otra es que cuando alguien intenta cometer un delito de este tipo, debe hacerse una investigación inmediata, detención de los responsables, y desmantelamiento de la banda.

“Entonces, por una parte está el Estado de derecho y por otra está que tan grande es la pena; ahorita, como el delito no está presente, habría que monitorear el impacto, estar muy vigilantes a las cuestiones de Estado de derecho, y si la disminución de la pena es algo que empiece a detonar este delito, se tendría que actuar inmediatamente para volver a aumentarla”, declaró.

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