El diputado Omar Bazán Flores solicitó instruir a la Auditoría Superior del Estado a que practique una auditoría especial a la Universidad Autónoma de Chihuahua, ante la posibilidad de que exista una custodia irregular de recursos públicos por la venta de varias de las propiedades que forman parte del patrimonio del Estado.
Desde el pasado mes de julio, Consejo Universitario tomó la decisión de poner en venta algunas de las propiedades de la universidad bajo la condición de que el recurso adquirido sirva para abonar a la deuda de Pensiones Civiles del Estado. Lo que quedó asentado en la acta 591, donde además se establece que las propiedades en venta se encuentran en los municipios de Chihuahua, Meoqui, Delicias, Hidalgo del Parral y Ojinaga.
Ante ello el legislador señaló que con ello se viola el artículo 93 de la Ley Orgánica de la UACH, pues los bienes que integran su patrimonio no pueden ser vendidos, a menos de que previamente sean desvinculados del dominio público, sin embargo para ello se requiere la votación de las dos terceras partes del Consejo Universitario, la aprobación del Ejecutivo y la autorización del Congreso del Estado.
El legislador explicó que la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua en su artículo 17, también considera bienes destinados a un servicio público a los inmuebles que forman parte del patrimonio de los organismos públicos descentralizados y de los órganos autónomos, que de forma directa o indirecta están afectos a una colectividad y que no son susceptibles de posesión o propiedad particular.
“Bajo este marco jurídico es evidente y claro que el acuerdo tomado por el Consejo universitario es cuando menos de cuestionar, pues llama la atención que se pretenda soslayar el régimen patrimonial a que están sujetos los bienes, cuya venta aprobaron sin necesidad de tramitar su desafectación”.
Por lo anterior, el diputado Omar Bazán consideró que es necesario que de forma urgente se revise la posible venta de varias propiedades que pretende realizar la UACH, con la finalidad de evitar un daño patrimonial al erario público, la comisión de faltas graves y delitos de carácter patrimonial por los servidores públicos que se encuentren involucrados.
