A más de un año de presentarse una querella por violencia de género ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), en la zona occidente, dicha dependencia es señalada por la víctima de agresión de actuar de una forma parcial a favor del presunto agresor, a quien afirma, se ha brindado protección al grado de declarar la no existencia del delito, situación que fue revocada por un juez.
De acuerdo a la narrativa, los hechos ocurrieron en el mes de julio de 2022 cuando la afectada, de quien se omiten datos por razones de seguridad, fue golpeada durante dos días seguidos por su entonces pareja sentimental en el domicilio del agresor, provocándole fracturas en los dedos de la mano derecha y una cortadura profunda en el antebrazo izquierdo, además de la fractura de una costilla y múltiples golpes en diversas partes del cuerpo
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Debido a la gravedad de las lesiones, la afectada fue internada en un hospital de la localidad en donde recibió atención médica por algunos días.
Luego de salir del hospital, con el apoyo de su familia, la víctima acudió a la Fiscalía Zona Occidente a interponer la denuncia, ahí le programaron la cita con el psicólogo para un mes después mientras tanto le aseguraron que estarían al pendiente de ella y de su seguridad, no obstante, le recomendaron que si el agresor se llegara a acercar solicitara apoyo de la Fiscalía para su protección.
La denunciante afirmó que el trauma que le provocó la agresión impedía que viviera con tranquilidad por lo que optó por salir del estado de Chihuahua hasta que regresó para el examen psicológico, cuyos resultados se los entregaron 20 días después, mientras que en la FEM le ofrecieron seguimiento a su caso incluso el apoyo de una abogada la cual tendría que darle seguimiento al caso e informarle los avances, pero, a decir de la víctima, nunca la atendió.
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Al notar que no había avances optó por solicitar la carpeta de investigación al agente del Ministerio Público asignado a su caso, sin embargo, recibió como respuesta un “¿para qué lo quiere?”, ella respondió que para tener conocimiento de los avances y ver si había algo que pudiera que hacer.
Su sorpresa fue mayor al ver que en la carpeta de investigación ya había un amparo tramitado por el agresor, así como declaraciones de él asegurando que no conocía a la víctima, y negando lo declarado por ella.
Cuando cuestionó al Ministerio Público por el contenido de la carpeta de investigación, el agente se limitó a decir que su abogada, asignada por la Fiscalía, era quien tuvo que haberle informado, la cual no tenía conocimiento de los avances del caso, por lo que optó por contratar los servicios de un abogado particular quien comienza a darle seguimiento y sugiere se integren elementos de prueba, pero el Ministerio Público solicita que lo justifique por escrito.
Ante ello acudieron con el secretario General de Gobierno en donde la canalizaron al Centro de Justicia para las Mujeres, sin embargo, aunque parecía que la investigación se iba a acelerar, continúa detenida por parte de la Fiscalía.
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