Tras 9 años de iniciar un proceso legal por el incumplimiento a los acuerdos acordados, un juez del Tribunal Unitario Agrario condenó a la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste (Transcanada) para que desinstalara la infraestructura del gasoducto en el ejido de “La Laguna” en el municipio de Bocoyna, así como declarar la nulidad de los contratos y convenios modificatorios celebrados entre la asamblea ejidal y la empresa, lo anterior como sentencia a una demanda promovida por ejidatarios de dicha comunidad.
En el año 2013 se realizó un contrato entre la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste y la asamblea del ejido de “La Laguna”, en la cual se acuerda un pago por parte de la transnacional a los ejidatarios por las afectaciones que se realizarían a las tierras por la instalación del gasoducto, a cambio los ejidatarios recibieron la cantidad de 9 mil pesos por cada uno.
La firma de este contrato, así como los convenios modificatorios se realizaron sin consultar a los ejidatarios de “La Laguna”, es decir, no hubo representación jurídica que protegiera los intereses de la comunidad del Ejido “La Laguna”, por lo que existía desconocimiento de los acuerdos celebrados entre la empresa y la comunidad, pues tampoco hubo traductores, que informaran a los pobladores los acuerdos tomados con la empresa.
En total, y aún con los acuerdos modificatorios al contrato, cada uno de los ejidatarios recibió 9 mil pesos por parte de la empresa, dejándolos sin la posibilidad de acceder a los apoyos de los diferentes niveles de gobierno pues no existen las condiciones de la tierra para seguirla trabajando. La empresa afectó más de 137 mil metros cuadrados de superficie de bosque, los cuales al momento no han sido reparados.
Los ejidatarios fueron sujetos a actos de represión por parte de la administración del ex gobernador Javier Corral, pues en lugar de recibir algún apoyo, los ejidatarios fueron detenidos por la policía estatal en el momento en el que tomaron la válvula como protesta, adicionalmente, desde un inicio, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas se mantuvo al margen, sin brindar asesoría ni protección a la comunidad, toda vez que es considerada una comunidad indígena.
La sentencia emitida por el juez condenó a la empresa a reparar el daño ecológico y a retirar la infraestructura, además todos los contratos y convenios celebrados con anterioridad quedaron sin efecto, asimismo se solicitó dar vista a la PROFEPA para evaluar los daños ambientales en la zona, que a decir de los habitantes y de los representantes legales, el daño ecológico es irreparable, además de que la empresa no cumplió con la reforestación.
Los representantes legales de la comunidad ejidal, Luis Carlos Ramírez Flores y Damián Rascón Lechuga, esperan poder entablar una reunión con las autoridades estatales a fin de exponer la problemática que persiste en la zona de la sierra de Chihuahua.
