Como parte de las acciones que la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, ha emprendido al realizar investigaciones específicas sobre las desigualdades que afectan de manera particular a los países latinos, los Consultores Víctor Quintana Silveyra y Martín Solís Bustamante, presentaron el Seminario “Brechas de Desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe”, en el que se basaron en informar sobre las condiciones de este rubro en el estado de Chihuahua.
Fue en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Cuauhtémoc, en donde se dieron a conocer detalles interesantes sobre las condiciones de desigualdad que existen en la entidad, principalmente en la región serrana, por lo cual se hicieron algunas propuestas para una mayor equidad.
Destaca que este tipo de actividades se desarrollan con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para investigarlos temas de pobreza y desigualdad de ingresos, protección social y acceso a servicios públicos, agricultura y sistemas alimentarios, innovación, productividad e inversión, así como datos para la medición de la desigualdad.
Los Consultores señalaron que el objetivo de este trabajo es conceptualizar y caracterizar el tipo específico de ruralidad que se está dando en Chihuahua, analizando cuantitativa y cualitativamente las brechas productivas, económicas, tecnológicas y sociales que se han generado entre estratos de productores, regiones, tipos de agricultura, grupos sociales y géneros. Al mismo tiempo se elabora una propuesta de políticas públicas para eliminar esas brechas e ir construyendo un modelo de desarrollo con justicia y sustentabilidad.
Como parte de las investigaciones, Víctor Quintana dio a conocer que en Chihuahua el Programa de Apoyos a la Comercialización se concentra en personas morales, productoras de maíz amarillo algodón de riego, mientras que el apoyo al frijol se dirige sobre todo a empresas comercializadoras.
Se dio a conocer que en 2015-2016 el 86.2 por ciento del presupuesto del programa se concentró en 5 estados: Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Chihuahua, destacando que en este último la concentración del financiamiento en productores y regiones de agricultura y ganadería comercial, de altas utilidades en las eco regiones Desierto, Conchos y Noroeste, mientras que se excluye del financiamiento total de las unidades económicas de autoconsumo de la Tarahumara o de las zonas de agricultura de temporal.
El financiamiento no es utilizado como palanca para reducción de brechas, al contrario, dijo, hay la iimposición de un modelo rural de modernización capitalista globalizada con base en cultivos y productos competitivos para la exportación o la industria alimentaria nacional
Agregó que el gasto público privilegia a 20 mil de más de 80 mil unidades económicas rurales, favoreciendo a las productores y empresas agropecuarias y agroindustriales, por lo que la intervención económica es factor decisivo de desigualdad social y económica, y de concentración de la riqueza en el campo chihuahuense.
Además, los Consultores expusieron los altos costos ambientales y sociales como la sobreexplotación de acuíferos, devastación de bosques, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad, lo que conlleva a un costo social de este modelo como la exclusión de las regiones periféricas del desarrollo, la pobreza e inseguridad, actividades ilegales y desplazamiento de comunidades, especialmente en la región de la Sierra Tarahumara.
La región también enfrenta otras amenazas, como el avance de empresas mineras transnacionales, que generan beneficios económicos temporales, pero también provocan la destrucción de los bosques, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y ciclos de pobreza.
A resultas de todo esto, indicaron que existe una “Nueva Ruralidad dislocada”, subordinada, excluyente, injusta y no sustentable por lo que para hacer efectivos los derechos de las personas y comunidades más excluidas se propone la construcción de seguridad humana y autosuficiencia alimentaria en la Tarahumara; atención integral a personas jornaleras agrícolas; acciones afirmativas pro derechos de las mujeres; promoción de la economía social y solidaria, etcétera.
Para la gobernanza, gobernabilidad y sostenibilidad de los recursos naturales: Planeación hídrica, veda a cultivos de alta demanda de agua; financiamiento multianual para uso eficiente de agua y energía; fondos para recuperación de agostaderos, pastizales, agua y reorientación y adaptación del programa “Sembrando Vida”.
Asimismo, para impulsar una economía dinámica y sustentable con empleos dignos en el medio rural se propone la sustitución de cultivos por otros menos demandantes de agua, como la vid; promoción de cadenas de valor agregado: manzana, nuez, lácteos, algodón, chile; esquemas para hacer productivas las remesas; turismo sustentable y fomento de la alimentación basada en productos locales.
