El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por tres meses al exdirector de Obras Públicas y Servicios de Santa Isabel, identificado como M.I.B.E., luego de que se comprobara que contrató a su esposa como proveedora para el Municipio, incurriendo en un evidente conflicto de interés.
El caso fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2020, donde detectaron esta adquisición entre familiares.
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En la investigación, se descubrió que M.I.B.E., mientras ejercía su cargo, autorizó un contrato por un valor de 408 mil pesos a su esposa para el suministro de refacciones y servicios de mecánica en general al municipio.
Esta acción violó las normas de ética pública y las regulaciones establecidas para la administración municipal, según determinó el TEJA, quien llevó a cabo un proceso de evaluación del caso y finalmente emitió la sanción.
El tribunal consideró que M.I.B.E. actuó en evidente conflicto de interés, ya que también era miembro del Comité de Adquisiciones del municipio, posición desde la cual autorizó el contrato a su cónyuge. Esta violación a la normativa fue uno de los puntos clave para la imposición de la sanción de inhabilitación.
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El TEJA subrayó que este tipo de conductas no serán toleradas y aseguró que continuará trabajando en colaboración con la ASE para identificar y sancionar actos de corrupción y faltas administrativas que comprometan la integridad de la administración pública.
Con esta sanción, ya son 19 las dictadas por el tribunal por faltas denunciadas por la ASE como parte del proceso de fiscalización de cuentas públicas en el presente año.
La inhabilitación de tres meses es una sanción que busca enviar un mensaje claro a los funcionarios públicos respecto a las consecuencias de incurrir en conflictos de interés y corrupción. Se espera que estas medidas contribuyan a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal, evitando futuros actos indebidos.
El tribunal también reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones tomadas para combatir la corrupción y proteger el interés público, la ASE aseguró que el resultado de este caso pone en evidencia la importancia de la fiscalización y la vigilancia continua sobre el actuar de los servidores públicos para garantizar que se conduzcan con ética y legalidad en el ejercicio de sus funciones.
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