Tras conocer la intención de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de proponer inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión a extorsionadores en el estado de Chihuahua, el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Mendoza, rechazó la propuesta al afirmar que una importante cantidad de familias en la entidad se vieron gravemente afectadas no solamente en su economía sino en su condición social.
El edil declaró que, en el periodo álgido de la violencia en la región de Cuauhtémoc, el delito de extorsión era común, afectado con ello a cientos de familias que, muchas de ellas, optaron por emigrar a otros puntos del estado e incluso del extranjero para proteger su integridad de grupos delincuenciales.
Es por ello que, al conocer el propósito de la SCJN, “Beto” Pérez destacó la investigación que previamente deben efectuar los Magistrados antes de tomar una decisión que por años fue un flagelo para la sociedad chihuahuense, para establecer castigos a quienes sin ningún pudor dañaron el tejido social.
“Valdría la pena que ellos investigaran con todas las familias que han sido víctimas de extorsión (..) las repercusiones en la salud y la economía, porque imagínese que alguien se desprenda de su patrimonio por una acción delictiva de este tipo y que de repente haya una instancia suprema que trate de disminuir los castigos para estas personas”, reflexionó el edil.
Agregó que en la actualidad se deben analizar las condiciones delictivas para que tanto legisladores como la Suprema Corte de Justicia establezcan leyes verdaderamente justas, y evitar modificar aquellas que se presume son desproporcionales.
Agregó que actualmente personas cumplen condenas ejemplares que se establecieron a partir del año 2010, por lo que, al modificarse el periodo de sentencia a menos años para extorsionadores, varios de los responsables de este delito quedarán en libertad, sin que se garantice la reinserción estos y por ende existan riesgos de que vuelvan a delinquir.
Al respecto, el Fiscal en la zona occidente, Edgar Chaparro Venzor, dijo que existe confusión respecto a la evaluación que realiza la SCJN en lo referente al tema de extorsiones, ya que la sociedad confunde las extorsiones por el cobro de derecho de piso a las estafas que se cometen en diversas modalidades a través de llamadas telefónicas.
Explicó que en el caso de las extorsiones que realizan grupos delictivos principalmente, la zona occidente registra un índice muy bajo en este sentido, mientras que en el caso de estafas estas son más comunes, sin embargo, estos delitos son sancionados de distinta manera.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo estar totalmente en contra de la reducción de las sentencias por el delito de extorsión, al contrario, dijo, se debe aplicar la ley con castigos más ejemplares para los responsables de todo tipo de delitos, sobre todo el de extorsión.