Ante los lamentables hechos en los que una activista social Gloria Cañez y su hija fueron asesinadas, así como el ataque a las instalaciones de una asociación de periodistas en ciudad Juárez, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya, mostró su preocupación por la violencia en contra de sectores prioritarios de la sociedad como lo son la defensa del bosque y de los derechos humanos.
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Lamentó que la impunidad que prevalece en el país sea factor para el crecimiento de delitos de alto impacto, por lo que afirmó que las autoridades tienen el compromiso de castigar a los responsables de la inseguridad para inhibir el surgimiento de más criminales.
Indicó que, en el caso de los homicidios de la activista de los pueblos originarios de la zona sur del estado de Chihuahua, Gloria Cañez Chávez, de 63 años, y su hija, de Sali Avella Cáñez, lo preocupante es que el móvil del homicidio, sin afirmarlo en su totalidad, está ligado a la tala del bosque y la defensa del mismo.
Agregó que existe el antecedente del asesinato del esposo de la ahora fallecida en el año 2023 por las mismas causas, lo que muestra una clara prueba de impunidad al continuar las agresiones en contra de activistas que defienden, además del bosque, los derechos humanos.
Subrayó que aun cuando se trata de un asunto eminentemente penal que corresponde a las autoridades esclarecer, y en su caso sancionar a las personas responsables, es importante que se actúe por otras instancias como la dependencia a su cargo para exigir acciones para evitar la violencia en contra de grupos enfocados en el bienestar social.
Armendáriz Loya indicó que además de la agresión a la activista social y su hija, grupos delincuenciales han actuado violentamente en contra de otro sector prioritario como lo es el periodismo, esto al trascender en días pasados el ataque armado a una institución de este gremio, en donde afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar.
“La cuestión de la impunidad tiende a animar o a exacerbar los ánimos de las personas que realizan este tipo de conductas, entonces la respuesta es precisamente eso, que se esclarezcan y se sanciones a las personas responsables para que se disuadan de eventos futuros de similar naturaleza, que no se vea que es cometer un acto para intimidar, amedrentar, hasta privar de la vida a una persona que defiende los derechos de otras personas”, expresó Néstor Armendáriz.
Aseveró que existe una enorme diferencia entre los casos que son resueltos por las autoridades con al registro de delitos diversos, por lo que insistió en que los impartidores de justicia deben actuar para reducir el enorme rezago existente en carpetas de investigación.