Ocho de los 25 empleados de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex fueron destituidos de la empresa e inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, luego de que en agosto pasado fueran acusados de estar involucrados en una red organizada para robar combustible mediante la alteración de los sistemas de carga de pipas.
A otros 8 trabajadores, entre ellos el exjefe de Operaciones de la TAD Chihuahua, Enrique Márquez Ceniceros, se les abrió un procedimiento administrativo, en lo que continúa la investigación conjunta del órgano interno de control de Petróleos Mexicanos y de la Función Pública.
Según el avance de las investigaciones que ayer reportó Pemex, se considera que podrían estar involucradas en esta red unas 20 personas, pero han sido separadas temporalmente en determinados momentos un total de 34 para continuar las pesquisas.
La medida cautelar de separar inicialmente a 25 empleados se tomó el 26 de agosto, a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de detectarse el hurto de combustibles de forma sofisticada, pues se reportaban otras cantidades en el sistema y se manipulaba el llenado de los tanques, además de que las gasolinas robadas eran comercializadas sobre pedido con establecimientos de Chihuahua, sobre los que también hay abiertas investigaciones y hasta el momento se han mantenido bajo reserva las ubicaciones.
La indagatoria en la que colaboró la Dirección de Logística de Pemex logró detectar que los involucrados manipulaban vía remota los mecanismos que establecen los parámetros del llenado de las pipas.
“Con equipo electrónico instalado en las cajas de conexiones de las posiciones de llenado alteraban las mediciones de carga con el propósito de llenar en exceso los autotanques, que después eran desviados de la ruta asignada y realizaban paradas no autorizadas en distintos puntos, antes de llegar a su destino final”, explicó el órgano de vigilancia de Pemex de manera oficial, al comienzo de las investigaciones.
“Este grupo forma parte de una red organizada de servidores públicos”, dictaminó la investigación posteriormente, al extenderse a otras áreas de la dependencia dentro de la TAD-Chihuahua y los negocios privados.
Al continuar las indagatorias y sin prejuzgar sobre la responsabilidad del personal público con medidas cautelares, la Secretaría de la Función Pública acordó la destitución de 8 de los involucrados, cuyos nombres se mantuvieron bajo reserva por diversas disposiciones legales, pese a que también los inhabilitó por el periodo de un año para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
“La SFP comprobó que dichos servidores públicos omitieron acciones de seguridad operativa, durante el procedimiento de carga de hidrocarburo, lo que provocaba el sobre llenado en los autotanques a su cargo, poniendo en riesgo la integridad física del personal, de las instalaciones y del medio ambiente”, fue el dictamen público de la SFP, cuya área de Comunicación en la Ciudad de México negó difundir públicamente los nombres de los señalados.
La dependencia, informó, también abrió procedimiento administrativo de responsabilidades a otros ocho servidores públicos de la TAD Chihuahua, “de un total de 20 que podrían estar involucrados en estos hechos”, según el dictamen final, luego de investigaciones a un total de 34 trabajadores de diferente rango, entre ellos el jefe de Operaciones de la TAD-Chihuahua, que fue el involucrado de mayor nivel jerárquico.
Como parte de la investigación, aún se está cuantificando el monto al que asciende el daño patrimonial provocado por esta conducta ilícita.
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