Cuauhtémoc, Chih.- La ampliación del Corredor Comercial podría no realizarse en caso de que no haya acuerdo con la comunidad menonita, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizaría un proyecto menor que no tenga las características para atender las necesidades a largo plazo, explicó el director de Obras Públicas, Enrique Medrano Mendoza.
De manera reciente, jefes de colonia, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la diputada federal electa Patricia Terrazas, así como el propio director, analizaron nuevamente la propuesta que se tiene por parte del Estado para realizar un corredor funcional y que tenga una vida útil superior a los 20 años.
Luego del estudio realizado sobre las afectaciones, se determinó que existen 38 construcciones en conflicto, algunas de ellas casi pegadas a los cuerpos de circulación actuales, en general implicaría 300 mil metros de afectación de estas edificaciones que, además, expresó el funcionario, fueron hechas sobre el derecho de vía.
Destacó que por ejemplo el periférico Gómez Morín tiene un derecho de vía de 100 metros, así como la carretera a Anáhuac, que también respeta esta normatividad, mientras que en el Corredor Comercial, con el paso del tiempo y sin que hubiera intervención oportuna de las autoridades en su momento, se permitió la invasión.
Enrique Medrano afirmó que la respuesta por parte de los jefes de colonia es que es difícil que los propietarios de las fincas aledañas al corredor acepten la afectación, sin embargo, se trata de un proyecto que implica la creación de 10 carriles de circulación, 5 por cada sentido, acotamientos, dren pluvial y otras obras accesorias que lo harían uno de los más modernos y funcionales en la entidad, acorde con las necesidades que hoy tienen y pensando a futuro.
Finalmente, expresó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que analiza a detalle las obras propuestas y obviamente dan prioridad a aquellas que presentan un proyecto bien definido y con crecimiento a futuro, por lo que presentar una propuesta menor a la que ofrece el Estado, podría ser rechazada y el recurso enviado a otra entidad o a otra obra dentro de Chihuahua, por lo que la comunidad se quedaría con el mismo corredor, el cual ya está rebasado en capacidad, representando incluso un riesgo para quien lo circula.