A pesar de que Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua aceptó las recomendaciones y la medida cautelar para tomar medidas necesarias y urgentes con el propósito de evitar que se pudiera cometer alguna violación irreparrable contra un derechohabiente al privarlo de medicamentos o servicio médico, la unidad de urgencia continúa atendiendo a pacientes Covid-19. Desde marzo a la fecha han fallecido 16 personas.
La unidad de urgencias de Pensiones Civiles del Estado fue convertida en sala Covid debido a la alta incidencia de casos entre los derechohabientes, en siete meses han perdido la vida 116 personas, 16 de ellas tras la medida cautelar impuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En dicha unidad no se cuenta con todo el soporte necesario que los pacientes Covid-19 requieren, algunos de estos pacientes perdieron la vida esperando una cama en algún hospital ante la saturación registrada en meses anteriores.
En el periodo comprendido entre septiembre de 2020 al 17 de abril de 2021, se registraron hasta 20 decesos por semana, situación que motivó que varios derechohabientes exigieran una reunión con las autoridades de la institución. El doctor Ángel Villaseñor Benavides, director médico, les confirmó a los maestros, que es el grueso de los agremiados a este servicio médico, que urgencias no cumplía con las normas de un hospital, “es peor la banqueta, tuvimos que convertir urgencias, que es un servicio malo para actuar como hospital”. En esta área sólo se cuenta con 4 ventiladores mecánicos.
Aunado a la falta de capacidad en el área, se suma que el problema financiero donde al no cumplir con el pago a los nosocomios privados se les cierran las puertas, lo que orilló a la institución a solicitar el apoyo del Hospital Militar y de los nosocomios dependientes del Estado.
Las semanas más críticas se registraron en la semana del 25 al 31 de octubre, cuando se contabilizaron 15 decesos; para la semana del 1 al 7 de noviembre aumentó a 20, época donde todos los nosocomios estuvieron al cien por ciento en su capacidad hospitalaria. Para las siguientes semanas descendió. En las últimas semanas de abril se ha visto un incremento en la cantidad de personas infectadas, lo cual en muchas ocasiones deriva en defunciones, por suerte aún los hospitales no están al tope.
De los 116 fallecidos, sólo 32 fueron intubados. La mayoría de las víctimas se registró en Chihuahua con 101, mientras que en Ciudad Juárez fueron 15, de las cuales 100 eran de 60 años y más, 10 en el rango de 50 a 59, y 6 entre los 40 y 49 años .
La maestra Beatriz Verduzco, derechohabiente de la institución, informó que el 3 de marzo de 2021 el director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González, aceptó una medida cautelar dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual tiene como propósito evitar que se pudiera cometer alguna violación irreparable.
En la medida se asienta que PCE adopte las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias. Después de ellos, han fallecido 16 derechohabientes por Covid-19 en el área de Urgencias.
De acuerdo con la respuesta dada a la maestra por parte de Pensiones Civiles del Estado a través del portal de transparencia se asienta que urgencias es un área de observación de corta estancia para pacientes que requieren hospitalización de segundo nivel; en síntesis, sólo es un área de transición para decidir su ingreso al hospital o su manejo domiciliario.
Ante esta situación los docentes afirman que PCE no ha tomado las medidas necesarias para la atención de los derechohabientes y piden a las autoridades competentes que actúen.
El Código Penal del Estado de Chihuahua en su artículo 264 establece que se impondrá prisión de seis meses a tres años al servidor público que indebidamente niegue o retarde a los particulares la protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles; en el artículo 286 dice que se impondrá prisión de dos a seis años, inhabilitación para obtener o ejercer un cargo o comisión pública hasta por diez años y de 50 a 250 días multa al servidor público que ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida.
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