/ lunes 21 de enero de 2019

Encabeza FGE por tercer año recomendaciones de CNDH

Representa un aumento del 27 por ciento tan sólo en los últimos 12 meses

Durante 2018 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió un total de 96 recomendaciones, contra 70 realizadas en 2017, y 77 en 2016, lo que representa un aumento del 27 por ciento tan sólo en los últimos 12 meses, durante los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló, por tercer año consecutivo, la mayor cantidad de recomendaciones, la mayoría de ellas por la comisión de actos de tortura y privación ilegal de la libertad en perjuicio de individuos a quienes se les presionó para confesar la comisión de algún delito, o el declararse culpables de los mismos.

En el último año, la Fiscalía General del Estado fue notificada de 53 recomendaciones emitidas por la CEDH, de las cuales al menos 45 tenían como origen la comisión por parte de elementos adscritos a alguno de los departamentos de dicha corporación, de actos de tortura contra ciudadanos a quienes de diversas maneras se les presionó para lograr la confesión verbal de algún delito, o incluso la firma de documentos oficiales que dejaran constancia de lo anterior para iniciar un proceso legal en su contra.

Entre los métodos de tortura más frecuentes referidos en las recomendaciones que la CEDH emitió para la Fiscalía, está la privación ilegal de la libertad durante un número prolongado de horas o días, violencia física, amenazas verbales, y la utilización de diversos métodos de tortura como descargas eléctricas, asfixia, entre otros.

Del total de recomendaciones que la FGE recibió, la mayoría fueron aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial, aunque las referentes a los números 03/18 y 23/18 no fueron acatadas por la dependencia. La primera refiere que tres internos del Cereso Estatal número 3, de Ciudad Juárez, fueron víctimas de tortura por parte de policías municipales y adscritos a la Fiscalía en el año 2011, los cuales detuvieron a los implicados cuando se dirigían a su domicilio tras haber tomado parte en un convivio, con el propósito de inculparlos por el delito de secuestro.

En el caso de la segunda, el documento relata el caso de una mujer radicada en Delicias, que en septiembre de 2014 fue sometida por una cantidad “excesiva” de elementos de la fuerza pública cuando se encontraba afuera de su domicilio, para ser retenida en las instalaciones del C4 y oficinas de la Fiscalía, para mediante actos de tortura que involucraron vejaciones de tipo sexual, lograr que la involucrada firmara “unos papeles en blanco” que más tarde habrían de acreditar su presunta responsabilidad en actos de secuestro, motivo por el cual fue trasladada al Cereso Estatal número uno, donde permanece hasta ahora, de acuerdo a lo expuesto en el testimonio que recoge el documento.


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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, DE LAS QUE MÁS RECOMENDACIONES ACUMULAN

El registro de recomendaciones emitidas por la CEDH también indica que después de la Fiscalía General del Estado, la dependencia que más acumuló durante 2018 fue la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), con un total de 14, de las cuales seis aún están en tiempo de ser contestadas (de acuerdo al marco jurídico vigente), mientras que del resto sólo una fue aceptada por la dependencia, en tanto el resto fueron rechazadas, y tres de ellas impugnadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre las recomendaciones que la SEyD impugnó ante la CNDH se encuentra la número 35/18, emitida en mayo de 2018 por la Comisión Estatal, debido a la denuncia que una trabajadora del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física (ICHIFE) interpuso por acoso sexual y laboral en contra del titular de esta institución, Rodolfo Bermejo Rodríguez, quien renunciara al cargo hace días.

Por otra parte, las recomendaciones emitidas por parte de la CEDH contra la Secretaría de Educación (no aceptadas por la institución) obedecen a varios motivos, desde violencia ejercida en contra de estudiantes con discapacidad, opacidad en la entrega de becas y resolución de convocatorias para el otorgamiento de puestos de trabajo, violencia verbal ejercida contra empleados de la secretaría por parte de sus superiores en diversos departamentos, hasta una denuncia interpuesta por la falta de programas y políticas públicas por parte del Estado, para reconocer la identidad y cultura de la comunidad sorda.

Esta última, contenida en la recomendación 89/2018, fue interpuesta por tres particulares que denunciaron ante la CEDH omisiones para garantizar una correcta inclusión de la comunidad sorda, como “la falta de intérpretes en Lengua de Señas Mexicanas; de mecanismos para aquellos que son parte de dicha comunidad y puedan tener acceso a la información; la obstrucción del acceso a la justicia ante la negación de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales; la falta de programas de difusión y aprendizaje de dicha lengua; acciones para promover la inclusión del sordo y su participación, así como la regulación de la labor del intérprete de Lengua de Señas Mexicanas para que se le garantice un trabajo íntegro, ético y profesional y reciba una remuneración”.

La recomendación en cuestión aún está a tiempo de ser respondida por la Secretaría de Educación y Deporte. Además de esta, las otras dos dependencias que concentran la mayor cantidad de recomendaciones recibidas son la Presidencia Municipal de Chihuahua y Ciudad Juárez, esta última con 20 acumuladas durante 2018, la mayoría de las cuales refieren abusos cometidos por elementos de las diferentes corporaciones policiacas con presencia en dicho municipio.

Entre los abusos están, de manera similar a las denuncias interpuestas contra la FGE, la comisión de actos de tortura para obtener la confesión de delitos, y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública contra presuntos delincuentes.

En el caso de la Presidencia Municipal de la capital, acumuló dos recomendaciones, una de ellas (no aceptada) presentada en el mes de noviembre del año pasado por presuntos actos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la Policía Municipal en un desalojo, y la otra (aún en tiempo de ser contestada) por una detención arbitraria de dos individuos acusados de conducir un vehículo sospechoso.


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Durante 2018 la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió un total de 96 recomendaciones, contra 70 realizadas en 2017, y 77 en 2016, lo que representa un aumento del 27 por ciento tan sólo en los últimos 12 meses, durante los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) acumuló, por tercer año consecutivo, la mayor cantidad de recomendaciones, la mayoría de ellas por la comisión de actos de tortura y privación ilegal de la libertad en perjuicio de individuos a quienes se les presionó para confesar la comisión de algún delito, o el declararse culpables de los mismos.

En el último año, la Fiscalía General del Estado fue notificada de 53 recomendaciones emitidas por la CEDH, de las cuales al menos 45 tenían como origen la comisión por parte de elementos adscritos a alguno de los departamentos de dicha corporación, de actos de tortura contra ciudadanos a quienes de diversas maneras se les presionó para lograr la confesión verbal de algún delito, o incluso la firma de documentos oficiales que dejaran constancia de lo anterior para iniciar un proceso legal en su contra.

Entre los métodos de tortura más frecuentes referidos en las recomendaciones que la CEDH emitió para la Fiscalía, está la privación ilegal de la libertad durante un número prolongado de horas o días, violencia física, amenazas verbales, y la utilización de diversos métodos de tortura como descargas eléctricas, asfixia, entre otros.

Del total de recomendaciones que la FGE recibió, la mayoría fueron aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial, aunque las referentes a los números 03/18 y 23/18 no fueron acatadas por la dependencia. La primera refiere que tres internos del Cereso Estatal número 3, de Ciudad Juárez, fueron víctimas de tortura por parte de policías municipales y adscritos a la Fiscalía en el año 2011, los cuales detuvieron a los implicados cuando se dirigían a su domicilio tras haber tomado parte en un convivio, con el propósito de inculparlos por el delito de secuestro.

En el caso de la segunda, el documento relata el caso de una mujer radicada en Delicias, que en septiembre de 2014 fue sometida por una cantidad “excesiva” de elementos de la fuerza pública cuando se encontraba afuera de su domicilio, para ser retenida en las instalaciones del C4 y oficinas de la Fiscalía, para mediante actos de tortura que involucraron vejaciones de tipo sexual, lograr que la involucrada firmara “unos papeles en blanco” que más tarde habrían de acreditar su presunta responsabilidad en actos de secuestro, motivo por el cual fue trasladada al Cereso Estatal número uno, donde permanece hasta ahora, de acuerdo a lo expuesto en el testimonio que recoge el documento.


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El registro de recomendaciones emitidas por la CEDH también indica que después de la Fiscalía General del Estado, la dependencia que más acumuló durante 2018 fue la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), con un total de 14, de las cuales seis aún están en tiempo de ser contestadas (de acuerdo al marco jurídico vigente), mientras que del resto sólo una fue aceptada por la dependencia, en tanto el resto fueron rechazadas, y tres de ellas impugnadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre las recomendaciones que la SEyD impugnó ante la CNDH se encuentra la número 35/18, emitida en mayo de 2018 por la Comisión Estatal, debido a la denuncia que una trabajadora del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física (ICHIFE) interpuso por acoso sexual y laboral en contra del titular de esta institución, Rodolfo Bermejo Rodríguez, quien renunciara al cargo hace días.

Por otra parte, las recomendaciones emitidas por parte de la CEDH contra la Secretaría de Educación (no aceptadas por la institución) obedecen a varios motivos, desde violencia ejercida en contra de estudiantes con discapacidad, opacidad en la entrega de becas y resolución de convocatorias para el otorgamiento de puestos de trabajo, violencia verbal ejercida contra empleados de la secretaría por parte de sus superiores en diversos departamentos, hasta una denuncia interpuesta por la falta de programas y políticas públicas por parte del Estado, para reconocer la identidad y cultura de la comunidad sorda.

Esta última, contenida en la recomendación 89/2018, fue interpuesta por tres particulares que denunciaron ante la CEDH omisiones para garantizar una correcta inclusión de la comunidad sorda, como “la falta de intérpretes en Lengua de Señas Mexicanas; de mecanismos para aquellos que son parte de dicha comunidad y puedan tener acceso a la información; la obstrucción del acceso a la justicia ante la negación de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales; la falta de programas de difusión y aprendizaje de dicha lengua; acciones para promover la inclusión del sordo y su participación, así como la regulación de la labor del intérprete de Lengua de Señas Mexicanas para que se le garantice un trabajo íntegro, ético y profesional y reciba una remuneración”.

La recomendación en cuestión aún está a tiempo de ser respondida por la Secretaría de Educación y Deporte. Además de esta, las otras dos dependencias que concentran la mayor cantidad de recomendaciones recibidas son la Presidencia Municipal de Chihuahua y Ciudad Juárez, esta última con 20 acumuladas durante 2018, la mayoría de las cuales refieren abusos cometidos por elementos de las diferentes corporaciones policiacas con presencia en dicho municipio.

Entre los abusos están, de manera similar a las denuncias interpuestas contra la FGE, la comisión de actos de tortura para obtener la confesión de delitos, y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública contra presuntos delincuentes.

En el caso de la Presidencia Municipal de la capital, acumuló dos recomendaciones, una de ellas (no aceptada) presentada en el mes de noviembre del año pasado por presuntos actos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la Policía Municipal en un desalojo, y la otra (aún en tiempo de ser contestada) por una detención arbitraria de dos individuos acusados de conducir un vehículo sospechoso.


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