En lo que va de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, la Secretaría de la Función Pública ha realizado por lo menos 161 sanciones en contra de servidores públicos del estado, entre los que destacan algunos actos de acoso sexual, venta de plazas y funcionarios que cobraban sin presentarse a trabajar.
Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis
A través del oficio 060252020, la Secretaría de la Función Pública informa que la Dirección de Responsabilidades Administrativas y la Dirección de Procesos de Investigación sancionaron a 161 servidores públicos a quienes se les determinó como administrativamente responsables de haber cometido diversas faltas por las que obtuvieron sanciones.
Sin embargo, la dependencia estatal cuenta con resoluciones firmes respecto a 65 servidores públicos, sobre los cuales se siguen procedimientos más elaborados por haber cometidos graves faltas o hasta delitos que involucra algunos casos de acoso sexual, venta de plazas en la Secretaría de Salud, entre otros.
Algunas dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Desarrollo Social y Obras Públicas, son las que más acumulan sanciones de servidores públicos, que van desde alguna negligencia médica hasta observaciones derivadas a auditorías realizadas en obras, es decir alguna irregularidad en obras, sobre el tema o manejo de recursos públicos.
La Función Pública generó dos denuncias en contra de Servicios de Salud de Chihuahua por “mala praxis”, que es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia, donde fueron acusados de haber generado una mala intervención de algún paciente que decidió acudir ante esta instancia.
Dentro de la misma dependencia, se ubicaron dos casos de venta de plazas al interior del gobierno del estado; un funcionario sin título profesional para ejercer el cargo y dos casos más de negligencia médica en supervisión de estudiantes, este último a cargo del Instituto Chihuahuense de la Salud.
En la Fiscalía General del Estado se realizaron tres denuncias de tres presuntos funcionarios que se encontraban cobrando diversas cantidades de dinero sin acudir a laborar, por lo cual se inició un procedimiento administrativo y posteriormente se dio vista a la dependencia de este presunto desvío de recursos.
Dentro de la Secretaría de Hacienda, detectaron a un servidor público videograbando a compañeras al interior del baño para mujeres y también generó denuncias por faltantes de dinero en Recaudación de Rentas y varias irregularidades cuantificables y/o no cuantificables derivadas de una auditoría.
Por su parte, en la Secretaría de Desarrollo Social, se generó otra denuncia por un caso de acoso laboral y otro más por violencia institucional y laboral. Algo similar ocurrió en el DIF Estatal, donde se generó otra situación similar por “no tratar con respeto e imparcialidad a persona a su cargo”, según explica el documento.
Entre las 65 denuncias que siguen firmes, se encuentran algunas dependencias más como: la Junta de Agua y Saneamiento, Secretaría de Innovación, Comunicación Social, Coespris, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Coesvi y la Secretaría de Economía con diversos números de denuncias generadas.
La Secretaría de la Función Pública es la encargada de revisar la actuación de los servidores públicos, así como de iniciar los procedimientos administrativos en su contra, mientras que los casos que excedan de las facultades de la dependencia, pasan a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicien los procedimientos penales en contra de los servidores públicos.
Esta misma dependencia, ha generado decenas de carpetas de investigación y colaborado para la creación de los “expedientes X” al realizar revisiones de las dependencias gubernamentales sobre el actuar de los exfuncionarios, por lo que mantienen más de 70 investigaciones que algunas han terminado en detenciones o vinculaciones a proceso.
De igual forma, inició uno de los casos más polémicos que se generó en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife) por la presunta actuación del extitular Rodolfo Bermejo Rodríguez, quien fue acusado por trabajadoras de pedir favores sexuales a cambio de su plaza laboral.
Aunque se desconoce el número de casos que llegó a un tribunal, la Función Pública inició 161 casos en contra de servidores públicos en un lapso menor de cuatro años, es decir mantuvo un promedio anual de 40 servidores acusados de diferentes prácticas y faltas a las funciones que deberían de realizar a lo largo de su cargo como tal.
.jpeg "apertura de compuerta (1).jpeg")
