Los abusos de los que han sido victima la comunidad indígena en la Sierra Tarahumara han tomado importancia a nivel nacional, debido a que medios de comunicación de diferentes partes del país han dado a conocer la problemática del despojo de territorio durante los últimos años.
En octubre del 2017, Proceso informó acerca de las amenazas que Cornelio y Aurelio Alderete realizaron a 30 familias indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo con la finalidad de que abandonaran las tierras que durante generaciones les pertenecieron. Y que, pese a realizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), asentadas en la averiguación previa 19-2016-0031544, las agresiones se incrementaron hasta llegar a los niños y niñas de la comunidad.
Tambien, La Izquierda Diario, publico el 16 de noviembre del 2018, que algunas asociaciones civiles que se dedican a “ayudar a la comunidad indígena” terminan lucrando con la necesidad de una casa, obligándolos a pagar una cuota por la construcción de infraestructura que es patrocinada por empresas. La Izquierda Diario tachó de “generalizado” el problema de la violencia contra las comunidades de la Sierra, la cual comienza desde la invasión de sus usos y costumbre.
Sin embargo, dio a conocer el 3 de marzo del 2016 que a la comunidad de Mogótavo se le negó su derecho a ser reconocidos como ejidatarios de su propiedad ancestral, terreno que utilizaron durante años para realizar actividades de subsistencia como la siembra. El pretexto, según informó el portal, fue la apropiación “legal” de la tenencia por parte de terceros y de particulares que los adquirieron a través de un fideicomiso de 1997 para emprender un proyecto turístico.
El problema derivó a una demanda en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, con el argumento de la nulidad de la declaratoria de bienes nacionales, pues la vida de comunidad indígena dependía del trabajo realizado dentro del 85 por ciento del territorio.
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