Luego de que este lunes la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobara el consumo lúdico y privado de la marihuana, centros de rehabilitación se ven amenazados, pues aseguran que esto podría incrementar la atención que se brinda hasta de un 50 por ciento.
“Más allá de tener un control, se van a desatar muchos problemas. Es un tema que se debería de pensar un poco más, no creo que ahorita sea bueno con la inseguridad y la alta demanda que hay”, expresó Victor Sánchez, encargado del centro de rehabilitación La Esperanza, ubicado en la zona Centro y otro más, en los Kilómetros.
Con esta aprobación, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tendrán que emitir regulaciones que faciliten su uso, casi similares a las de otras sustancias como el alcohol. Por ejemplo, no se podrá consumir frente a un menor, en la vía pública o frente a terceros que se sientan afectados. Además, quien se encuentre bajo sus efectos, no podrán conducir vehículos.
“Ahora pues van a tener hasta la libertad de plantarla en su casa, y aunque esté prohibido frente a menores, pues claro que lo van a hacer o cómo lo van a regular o inspeccionar”, señaló.
El señor Cesar, dijo que actualmente se atienden a 40 personas que están internadas en el centro. Con la legalización, se teme que este número se incremente al doble. “Va a ser muy difícil, porque de por sí es complicado buscar los recursos, hay mucha gente que no simpatiza con los centros de rehabilitación, casi siempre son personas que lograron salir y que creen en un cambio”.
Además, platicó que cada vez es más temprana la edad en la que las personas comienzan a consumir la marihuana y otras sustancias tóxicas como el cristal y la piedra. Comentó, que ahora, ya hay mujeres y hombres que desde los 11 años andan involucrados en este mundo. “Sin duda esto va a traer más trabajo a los centros de rehabilitación”.
“La marihuana es la droga de inicio, ya después le hacen a drogas con mayor impacto, como el cristal, la cocaína, incluso llegan a hacer hasta una mezcla porque ya no les es suficiente. Entonces pues que es lo que va a pasar después y más si ya van a tener una excusa hasta para decirle a los padres que es legal”, señaló.
Por último, Sánchez pidió a las autoridades reconsiderar esa decisión, ya que quienes realmente atienden a las personas adictas es la sociedad civil, no el gobierno.
“El índice arroja que los que cometen delitos como robos, asesinatos y otras cosas son personas drogadas, entonces todo la serie de problemas que nos va a traer, además de que creemos que también, se va a incrementar la violencia intrafamiliar, adicionalmente de la preocupación que ahora van a tener los padres de familia”, puntualizó.
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