Así mismo, exigimos al Gobierno Federal el respeto de dichos recursos y, sobre todo, la protección de los chihuahuenses que dependen de ellos para garantizar el bienestar de sus familias.
Condenamos firmemente las acciones unilaterales emprendidas por el Gobierno de México puesto que han relegado el diálogo y optado por el uso de la fuerza pública en contra de los productores de nuestro estado. No puede permitirse que una institución destinada a “salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio”, haga uso de la fuerza contra los productores y sus familias antes que emprender acciones contundentes en contra de aquellos que extraen de manera ilegal los recursos naturales. Es sorprendente la insensibilidad e indolencia que el Gobierno Federal muestra hacia el sector productivo más vulnerable.
Entendemos y respaldamos la obligación que existe sobre el cumplimiento de los tratados existentes en la materia. Sin embargo, creemos que una alternativa más viable en todo sentido debe incluir el cuidado de los ciclos de riego y los temporales de lluvia. Lo anterior, junto con el combate a la extracción ilegal de agua, permitiría un cumplimiento a través del escurrimiento nacional y no del trasvase de las presas.
Nos preocupa el riesgo en el que se encuentran más 80 mil hectáreas de producción agrícola que representan, no sólo una producción de 17 mil millones de pesos anuales, sino la forma de sustento de miles de chihuahuenses y parte importante del equilibrio ambiental de la región.
Por ello el Gobierno del Estado de Chihuahua no debe ser omiso en cuanto a la defensa de los agricultores, sobre todo cuando se les pone en riesgo a partir de intereses poco claros y mediante estrategias mal diseñadas. Apelamos a la defensa de la entidad que ha emprendido en otros temas y le pedimos que sea consecuente con sus palabras.
Señor Gobernador, contamos con usted para defender juntos los recursos que pertenecen a los chihuahuenses y que el Gobierno Federal pretende, por la fuerza, tomar.
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