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Tras debatir en el panel de Rendición de Cuentas en Finanzas Públicas, expertos como Guillermo Miguel Cejudo, María Marván Laborde y Joel Salas refieren que es necesario incorporar la Fepade al Sistema Nacional Anticorrupción y establecer un mecanismo de rendición de cuentas riguroso para el ejercicio de las finanzas públicas de todos los órganos de gobierno.
Concuerdan que tan ilegal es el dinero del Municipio, del Gobierno o de la Federación que entra a los procesos electorales, como el del crimen organizado y que incluso podría ser el peor debido a que son los recursos de los pobladores, compararon durante el debate de participación del crimen organizado en las cuentas de los procesos electorales.
Clasificaron como “cinismo” realizar transparencia sin una debida rendición de cuentas, pues deja más dudas que certidumbre el ejercicio de los recursos públicos que deben aplicar en cada uno de los presupuestos estatales como del Gobierno federal a través de las diferentes dependencias y órganos.
Conjugaron que es necesario también a partir de la construcción de un sistema de integridad del servicio público y la sociedad, para exigir que se rompan todas las cadenas de corrupción, que es el principal sentir de la sociedad, por el mal manejo del servicio como de los recursos que deben administrar con honradez y lealtad.
“Desafortunadamente a través de los casos de corrupción se ha impulsado la rendición de cuentas, como han sido los casos que más resiente la sociedad civil, como es el caso de Ayotzinapa, la Casa Blanca y Odebrecht, entre otros más que cerrarán la administración de Peña Nieto”, refirieron.
Moderados por quien será el próximo auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, se puso sobre la mesa del debate el diagnóstico de las haciendas, tanto estatal como federal, para tener las reglas claras de las adjudicaciones y el manejo que deben de darse a los contribuyentes en las respectivas entidades.
Consideraron que hablar de corrupción política siempre implica hablar de corrupción electoral, toda vez que las finanzas públicas y las electorales están íntimamente entrelazadas, pues con el paso de cada proceso electoral se descubren redes operadoras, delitos y demás cuestiones corruptas que participan para beneficiar a uno o más candidatos.
“El sistema electoral mexicano y su larguísima transición, pese a favorecer el pluralismo, no busca ciudadanos sino clientes y se alimenta a partir de los programas sociales al desviar las finanzas públicas para perpetuar la pobreza; el problema en México es que no sólo está permitida la corrupción, sino que es aplaudida, está permitido robar y mentir, hay que formar un sistema de integridad”, comentó María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
